Invitados por el Grupo Parlamentario de Vox en la Asamblea de Madrid, una representación de Profesionales por la Ética ha asistido el pasado jueves 2 de noviembre al debate sobre la Proposición No de Ley (PNL), presentada por dicho grupo para pedir la limitación del acceso a la pornografía de niños y adolescentes a través de dispositivos electrónicos.
En su intervención para defender la petición, la diputada de Vox, Belén González (en la imagen), ha puesto de manifiesto cómo es «alarmante el acceso a estos contenidos por parte de los niños y adolescentes» así como «la adicción que se está generando». «Algunos expertos -ha afirmado- califican lo que está ocurriendo de pandemia silenciosa. Es un daño que amenaza con convertirse en un problema de salud pública».
Según los datos de la Memoria Anual de la Fiscalía de 2022, ha habido un incremento del 82% de los delitos sexuales cometidos por chicos menores de 14 años, un 15% de menores de edad de entre 10 y 17 años han recibido alguna propuesta sexual, y de ellos, un 34% ha recibido contenido sexual no deseado.
La PNL debatida proponía un Pacto Digital entre el Gobierno de la Comunidad de Madrid, los grupos parlamentarios y las principales empresas digitales para bloquear el contenido sexual de los dispositivos de los menores de edad.
Por su parte, el grupo parlamentario del Partido Popular, pese a expresar su coincidencia con el contenido de la propuesta, se ha unido a toda la izquierda votando en su contra, al considerar que trata de un problema que debe tratarse desde la normativa estatal y desde la Unión Europea porque las competencias de las autonomías «son muy limitadas». La PNL, en consecuencia, ha sido rechazada con 11 votos a favor y 122 en contra.
Una iniciativa similar a la presentada en Madrid, ha sido también registrada, el pasado 30 de octubre, por el Grupo Parlamentario de Vox en el Parlamento de las Islas Baleares.
Para Miguel Gómez de Agüero, presidente de Profesionales por la Ética, «estas iniciativas son un avance en la toma de conciencia del gravísimo problema social que representa el libre acceso de los menores a la pornografía». «Pero, para seguir avanzando -ha subrayado-, es imprescindible que todos los partidos acepten que la protección de los menores no es una cuestión partidista, sino de bien común, una demanda social en la que todos podemos ponernos de acuerdo, dejando a un lado las estériles y cortoplacistas dinámicas amigo-enemigo del juego político».
El informe de Profesionales por la Ética «La protección de los menores frente a la pornografía, un reto social prioritario», contiene un total de 12 propuestas, la primera de las cuales se alinea con las referidas iniciativas: «Exigir a los proveedores de servicios de internet la preactivación de sistemas de control parental y filtrado de contenidos inapropiados para menores, que bloqueen cualquier contenido dirigido
a adultos».
(Con información de La Gaceta de la Iberosfera)
