El pasado día 6 de marzo mantuvimos una interesantísima reunión de trabajo con médicos para analizar la situación creada tras el desarrollo normativo del registro de objetores de conciencia al aborto en las diferentes comunidades autónomas.
En primer lugar presentamos el estado de implantación, elaborado por Ignacio Pascual, miembro de Profesionales por la Ética, así como el desarrollo legislativo y las implicaciones concretas que se derivan de dichas normas. Se destacó el hecho discriminatorio de que, según la Ley 1/2023, «ninguno de los miembros del Comité clínico podrá formar parte del Registro de objetores de la interrupción voluntaria del embarazo ni haber formado parte en los últimos tres años».
Los médicos participantes aportaron diversos puntos de vista sobre cómo se percibe entre los profesionales sanitarios la «amenaza» del Registro y cuál está siendo su actuación, constatando el bajo nivel de información existente entre los colectivos afectados.
Tras analizar posibles escenarios se plantearon algunas acciones y mensajes de cara a informar y sensibilizar a los profesionales sanitarios afectados por dicho Registro, orientándolos sobre las alternativas e implicaciones para salvaguardar su libertad de conciencia.