Estos días los medios de comunicación daban cuenta de que la ministra de Igualdad ha visitado recientemente la Conferencia Episcopal Española para exigir explicaciones sobre unas supuestas «terapias de conversión» a personas con tendencias homosexuales.
De lo que no ha informado casi ningún medio es algo que Profesionales por la Ética denunció en el informe ‘Adoctrinamiento en la Escuela. Cómo afrontarlo’: actualmente existen 13 protocolos educativos derivados de leyes LGTBI/trans aprobadas por CC.AA.
Estos protocolos proponen actuaciones que deben implementar los centros educativos en caso de «detectar» que existen alumnos que se auto-perciben como «transgénero» o son percibidos como tales por su entorno (incluida la comunidad docente).
Dichos instrumentos permiten que cualquier miembro de la comunidad educativa solicite al centro la puesta en marcha del protocolo incluso cuando el alumno/a no se haya autoidentificado como «trans» ni haya sido comunicado al centro por los tutores legales. Es decir, en el 92% de los protocolos se permite que se inicie el protocolo a iniciativa del propio centro ¡sin contar con el menor ni su familia!
Por si no fuera poco las nuevas leyes amparan el adoctrinamiento LGTBI en la escuela. Por ejemplo la Ley Orgánica 10/2022, o ‘Ley del sólo sí es sí’ dispone en su art. 7 lo siguiente:
«El sistema educativo español incluirá, dentro de sus principios de calidad, la integración de contenidos basados en la coeducación y en la pedagogía feminista sobre educación sexual e igualdad de género y educación afectivo-sexual para el alumnado, apropiados en función de la edad, en todos los niveles educativos».
Antes este panorama desolador y arrollador solo cabe una pregunta para iniciar el curso escolar, ¿Qué podemos y debemos hacer?
Esta son las propuestas de Profesionales por la Ética ante estas amenazas ideológicas:
1) Estrecha vigilancia de los libros de texto y otros materiales educativos
2) Implicación de las AMPAS en la neutralidad ideológica de los centros educativos
3) Responsabilidad de los directivos, docentes y consejo escolar en la neutralidad ideológica de los centros públicos y concertados
4) Uso del consentimiento previo de los padres y tutores en los centros. ¡
5) Denuncia y apoyo a los padres ante situaciones concretas de adoctrinamiento de sus hijos.
Si se conoce algún centro que claramente viole el articulo 27 de la Constitución, es decir en el que no se garantice la libertad de los padres para educar a sus hijos según sus propias creencias morales, es importante denunciarlo. Para ello, Profesionales por la Ética ofrece, a través de cualquiera de sus canales de comunicación información y asesoramiento, para poner fin a estos ataques a los menores y a nuestros derechos.