Resulta inexplicable que después de un año y medio con mayoría absoluta, el Gobierno del Partido Popular no haya modificado ni una sola coma del demoledor legado cultural de los años de Zapatero. No es coherente con lo que mantuvo en la oposición  -tanto en las Cortes como en el Tribunal Constitucional-, ni con lo que prometió en el programa con el que ganó las elecciones del 20 de noviembre de 2011. Buena parte del electorado del Partido Popular se encuentra verderamente perplejo ante esta realidad que, unida a otros factores de la actual situación política, provoca desafecto y distancia respecto a una opción política cuyo descalabro en las encuestas electorales resulta  -no por casualidad-  más que llamativo.

La naturaleza específica del matrimonio, la identidad sexual frente a la ideología de género, la protección de la familia y la maternidad, el derecho a la vida desde la concepción hasta la muerte natural, la libertad de conciencia de los médicos, la libertad educativa de los padres o la protección de la salud de las adolescentes ante la PDD, no pueden ser cuestiones prescindibles para quien tiene la responsabilidad, otorgada por una amplia mayoría absoluta de españoles, de buscar un bien común que no se agota en objetivos de naturaleza económica, por cruciales que éstos sean.

Lo que está ocurriendo en relación a la legislación del aborto es tal vez el caso más dramático y emblemático de cuanto decimos. Más de 300 seres humanos son abortados cada día por la pasividad del Gobierno de Mariano Rajoy. Una realidad que ya no admite más silencios ni aplazamientos.

En este contexto, había ayer por la tarde una gran expectativa con la celebración de «La Razón de… Alberto Ruiz Gallardón», un acto en el que el Ministro de Justicia inevitablemente iba a tener que claificar su posicionamiento ante la siempre aplazada reforma de la legislación del aborto. Y así, en efecto, ocurrió…

Estas son, literalmente, las palabras de Ruiz Gallardón ante una pregunta directa de Javier González-Ferrari, Presidente de Onda Cero:

–J. G-F.: ¿Para cuándo habrá una tutela judicial efectiva también para los no nacidos?

–A. R-G.: Para muy pronto. Yo creo en el principio de lealtad institucional en España y que nos compete hacer aquello que nos marca la Constitución. El Tribunal Constitucional dictó una sentencia en 1985 como consecuencia de un recurso de inconstitucionalidad en la que estableció cuáles eran los criterios. Mirando la sentencia del Constitucional podemos saber cómo va a legislar el Gobierno: que el nasciturus es un bien jurídico protegido y tiene relevancia en la vida humana desde su concepción. Eso se traduce en que el sistema tiene que ser de indicaciones, no de plazos. Dentro del sistema de indicaciones, si recordamos que las dos más importantes –el peligro para la salud física y psíquica de la mujer– no deben ser pretextos para hacer cosas distintas de lo que dijo el Constitucional, se deberán acreditar esas condiciones. Si recordamos que el Constitucional nos dijo que la ausencia de reproche penal tenía que ser un último recurso, introduciremos mecanismos de información que den opciones reales a una mujer en situación de conflicto para tener libertad para optar por la vida.

Por último, partimos de un concepto que tenemos asumido: no hay una vida menos valiosa que otra, y menos por una discapacidad. Por ello, la actual regulación del aborto eugenésico es incompatible con este criterio. Y si a éso se le suma que no consideramos que un menor, sin conocimiento de sus padres, pueda adoptar una decisión de esta trascendencia, y que debe regularse el derecho a la objeción de conciencia de los médicos, podrá deducir cuáles son las tramitaciones en las que trabajamos.

La respuesta del Ministro de Justicia debe ser acogida, a nuestro juicio, con toda clase de cautelas. Pero de lo que no hay duda es de que el actual Gobierno tiene una oportunidad histórica de corregir, sin complejos ni regateos absurdos, una grave aberración jurídica que niega, contra todo criterio científico y racional, el más elemental de los derechos humanos: el derecho de todos a vivir.

Leer en La Razón (16/04/2013) «La Ley del aborto tiene que ser de indicaciones, no de plazos».

Leer también el artículo de José Luis Requero «La parsimonia y la vida» (La Razón, 16/04/2013).