Andalucía ya ha dictado órdenes a sus inspectores
en este sentido

Madrid, 16 de septiembre de 2009. Como es sabido, el conjunto de asignaturas denominadas Educación para la Ciudadanía ha provocado una polémica inacabable. Así, el pasado mes de febrero, el Tribunal Supremo dictaba varias sentencias en relación con estas materias escolares; en ellas, además de no reconocer el derecho de los padres a objetar, se detalla la obligación de las Administraciones educativas de velar por el cumplimiento de la neutralidad ideológica en los centros estatales. Las sentencias exigen, además, que los centros educativos o sus profesores a través del proyecto educativo, los textos y explicaciones, eviten adoctrinar a los alumnos.
La primera Comunidad Autónoma que tomó nota de las sentencias del Supremo fue la de Andalucía. Con fecha 9 de marzo, el Jefe del Servicio de Inspección de la Consejería de Educación envío circular (se adjunta como documento 1) a todos los inspectores indicándoles que «en el marco de las funciones de supervisión y asesoramiento que les corresponden» velen para que en relación con el desarrollo y la impartición de la asignatura EpC es exigible a los libros de texto y demás materiales curriculares, a los proyectos educativos de los centros docentes y al profesorado la más exquisita objetividad y el más prudente distanciamiento al tratar cuestiones morales que en la sociedad española sean controvertidas, evitando caer en el adoctrinamiento al alumnado.

Inexplicablemente, la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid no ha remitido ninguna circular que recuerde a los centros estatales las obligaciones que se derivan de las sentencias del Supremo, aunque se dio mucha prisa en mandar una carta ordenando la entrada en clase de los objetores a EpC.

Del mismo modo, ha provocado confusión en los padres la utlización política por la propia Comunidad de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid conocida el pasado 4 de agosto en que se declara que el currículo de Madrid es, en esencia, el mismo que el del Gobierno central.

Por este motivo, recién iniciado el curso 2009-2010, Profesionales por la Ética ha remitido un requerimiento (se adjunta como documento 2) a la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid en el que le solicita que:

  • Informe a todos los centros estatales y a sus profesores de los términos en los que el Tribunal Supremo ha detallado la obligación de no adoctrinar.
  • Requiera formalmente a todos los centros públicos para que cumplan escrupulosamente la legalidad vigente en materia de neutralidad ideológica.
  • Promueva de oficio la inspección educativa con tales fines.
  • Actúe debidamente contra los responsables de actividades que vulneren la obligación de no adoctrinar, aplicando si fuera necesario la sanción correspondientes.

Jaime Urcelay, presidente de Profesionales por la Ética, confía en que el Gobierno de la Comunidad de Madrid (antes tan beligerante contra EpC) atienda el requerimiento que se le hace en nombre de los padres madrileños.
Por otra parte, plataformas y asociaciones de padres objetores a EpC de varias comunidades autónomas (como Castilla y León y Comunidad Valenciana) se han dirigido a sus respectivas consejerías de Educación reclamándoles neutralidad en EpC.