Ante los últimos escándalos de corrupción que se están dando en España en los que los representantes de los ciudadanos se ven implicados o en el que los agentes de la ley presuntamente interactúan con grupos terroristas, no será la primera vez que nos hayamos planteado que armas tiene las sociedad para defenderse del «mangoneo», del «trinque», de la corrupción de los gobernantes en general. Pareciera muchas veces que la corrupción es algo que se va tejiendo en todos los estamentos y que es un peaje que estamos abocados a pagar.

¿Quien vigila a nuestros gobernantes para que no roben, realicen tráfico de influencias, enriquezcan a sus amigos y familiares, utilicen la justicia con fines partidistas, el amiguismo, etc?

La oposición, quizás ¿por qué no? Pero mandar a proteger a unos ratones el queso de otros ratones,… estamos seguros de que no se lo comerán, o lo que pudiera ser peor, no se podrán todos de acuerdo para comerse el queso. Todos hemos visto las disputas en Ayuntamientos y CCAA por el área de urbanismo.

Pues que vigilen los periodistas y los medios de comunicación, claro que sí. Ellos pueden ser los verdaderos denunciadores de los casos de corrupción. Faltaría a la verdad si no lo reconociera. Pero no olvidemos que los medios de comunicación son empresas que tienen que dar cuenta de unos resultados y proporcionar unos beneficios y, ya se sabe, nunca se debe morder la mano que te da de comer (o por lo menos en parte).

Pues la justicia, eso es, la Fiscalía Anticorrupción. Que la Fiscalía solicite, con toda su independencia, al Ministerio del Interior, que le diga a la Policía que le proporcione la información de los casos de corrupción, o mejor aún, que solicite a las policías locales que dependen de las administraciones locales, información de corrupción sobre ellas mismas.

Intentemos solucionar este embrollo, busquemos un código de buen gobierno para que todos los políticos y personal de la Administración tengan que pasar por un filtro de cordura y control.

Pensemos en nuestra Constitución, garante del acervo jurídico común (con abundantes referencia a los valores éticos) de todos los españoles.

En la Constitución Española se incluyen principios y valores que deben ser inherentes a los funcionarios públicos entre los cuales se mencionan: la integridad, la neutralidad, la imparcialidad, la transparencia en la gestión, la receptividad, la responsabilidad profesional y el servicio a los ciudadanos. El artículo 23.2 garantiza el derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos de acuerdo con los principios de mérito y capacidad. El artículo 98.3, al referirse a la dedicación completa al cargo, es explicito al señalar que «los miembros del Gobierno no podrán ejercer otras funciones representativas que las propias del mandato parlamentario, ni cualquier otra función pública que no derive de su cargo, ni actividad profesional o mercantil alguna». El artículo 103.1 contiene referencias al concepto de funcionario y al Sistema de Función Pública. Define a la Administración Pública como una organización que «sirve con objetividad a los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios rectores de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación», con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho.

Pensamos realmente que la Administración que nos gobierna es nuestro país, en nuestra Comunidad, en nuestro Ayuntamiento se rigen por: la objetividad, la imparcialidad, los principios de mérito, capacidad,… y que no ejercen otras funciones representativas que las propias del mandato parlamentario.

¿Piensan las administraciones que nos gobiernan que los valores específicos de una ética de la función pública son: la profesionalidad, la eficiencia, la atención y el servicio al ciudadano, la objetividad, la transparencia, la imparcialidad y la sensibilidad suficiente para percatarse de que el ciudadano es el centro de referencia de su actividad y quien da sentido a su existencia?

¿O quizás lo que piensan es que cuando votamos cada cuatro años les estamos dando una carta blanca para realizar todas aquellas acciones que sean de su interés en cada momento, vengan o no vengan en su programa electoral?

Es incomprensible que, salvo escasas excepciones, no existan mecanismos rigurosos de evaluación del desempeño de nuestros gobernantes y empleados públicos y que el único control es una votación cada cuatro años.

Tenemos que tener claro que la corrupción produce un deterioro en el funcionamiento de la justicia, daña el Estado de derecho, reduce la confianza de los consumidores, desacelera la economía y genera profundas desigualdades sociales.

La sociedad civil tiene que tomar conciencia de su función en la comunidad. Tiene el derecho y la responsabilidad de influir y denunciar aquellas circunstancias y acciones que no van dirigidas al bien común de la sociedad y si van dirigidas al bien de unos pocos.

Es posible que pudiéramos pensar que lo expuesto hasta ahora es una visión simplista de la corrupción; no era mi intención realizar un análisis exhaustivo, pero de lo que no dudo, es que los ciudadanos tienen que actuar, hacerse oír y defender la libertad y sus convicciones.

(…Continuará. Código del Buen Gobierno 2005)

Santiago Díez