PECES BARBA

El catedrático y ex rector de la Universidad Carlos III, Gregorio Peces Barba, pronunció ayer una conferencia en Alcorcón (Madrid) con el título «Reflexiones sobre Educación para la Ciudadanía». En el transcurso de la misma, según nota de la Agencia Europa Press, defendió que la clase de religión dejara de ser «obligatoria» en las escuelas a la vez que despreciaba los contenidos de esta asignatura.

 El catedrático reivindicó, además, más horas de clase para Educación para la Ciudadanía y negó que existiera discusión sobre estas asignaturas porque «el Supremo se ha impuesto» y además «no se puede tomar la decisión de objetar de manera individual» ya que, según Peces Barba, sólo una norma de rango fundamental permitiría objetar.

No contento con estas totalitarias afirmaciones, el catedrático amenazó a los objetores a Educación para la Ciudadanía asegurando que, aunque vayan al Constitucional o a Estrasburgo, no lograrán sus objetivos y «deben abandonar cualquier esperanza, porque sus niños tendrán que estudiar Educación para la Ciudadanía para poder graduarse».

 Para Fabián Fernández de Alarcón, secretario general de Profesionales por la Ética, «es evidente que Peces Barba ha perdido absolutamente los papeles. En primer lugar, porque se cree que la asignatura de religión sigue siendo obligatoria en los centros escolares españoles cuando hace muchos años que es voluntaria y, a pesar de ello, la siguen eligiendo un 80 % de los alumnos. En segundo lugar, porque por un lado asegura que no hay discusión sobre Educación para la Ciudadanía pero por otro lado amenaza a los objetores a este conjunto de asignaturas diciéndoles que abandonen toda esperanza en la defensa de sus derechos. En tercer lugar, porque cientos de alumnos se han graduado en España sin asistir a clase de  Educación para la Ciudadanía.»

 «Por si fuera poco», concluye Fernández de Alarcón, «Peces Barba se erige en autoridad judicial máxima, nacional y universal por encima, queriendo influir, incluso en las decisiones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos ante el que han presentado demanda 300 españoles precisamente en defensa de su objeción a Educación para la Ciudadanía».