Tras el «lunes negro» de ayer, la crisis financiera y económica en España vive en estos días la que parece su fase más crítica, provocada en parte por la falta de credibilidad de la última reforma financiera aprobada el pasado viernes por el Consejo de Ministros.

En este contexto, Pablo Fernández, profesor de Dirección Financiera del IESE, ha publicado en el diario El Mundo algunas reflexiones que deben ser consideradas. Bajo el título «Reforma financiera. Responsabilidad y austeridad», el profesor Fernández destaca que la crisis actual «es el resultado de decisiones concretas tomadas por personas concretas» y se podrá superar «cuando el sentido común, el trabajo bien hecho, la competencia profesional y la veracidad vuelvan a ser la tónica dominante en la sociedad. Y para ello se requiere la implicación activa de dirigentes políticos, directivos de empresas, agentes sociales, organismos reguladores, empleados, etcétera. Es decir, de todos»

Por eso, apunta, las medidas contenidas en la reformas financiera aprobada están muy bien, «pero es el momento de pasar a la acción y anticiparnos a la corrupción. Algunos de los profesionales del sector deben demostrar su compromiso y voluntad de combatir la corrupción. Es posible crear entidades con mayor eficiencia y es posible cambiar las configuraciones institucionales».

«Además, continúa, es factible también que los procedimientos corporativos, los sistemas de dirección y las leyes estén ajustadas a la ética y que todos reflexionemos personalmente sobre lo que está pasando e iniciar nuestra propia reforma. Por todo ello, es posible una mayor austeridad. ¿Qué quiere decir todo esto? Sencillamente que hemos vivido demasiado tiempo por encima de nuestras posibilidades. Verdad y responsabilidad son y serán, cada vez más, características competitivas de los países. Y la crisis en España tiene una importante componente local por las decisiones tomadas por los propios españoles».

La crisis de España tiene para el profesor Fernández «tres grupos de responsables fácilmente identificables por los perniciosos efectos de las decisiones que tomaron (o dejaron de tomar faltando a su obligación): el primer grupo está compuesto por algunos consejeros y directivos de entidades financieras que han quebrado y de entidades financieras que no han llegado a quebrar por el apoyo político. El segundo grupo está compuesto por algunos consejeros y directivos del Banco de España, organismo regulador de las entidades financieras. Y el tercero está compuesto por cargos políticos y personas designadas por éstos que han gastado más de lo que debían gastar, bastantes veces en lo que no debían, y, a veces, como no debían».

Por su interés, reproducimos seguidamnete el texto completo de la referida Tribuna.

REFORMA FINANCIERA. RESPONSABILIDAD Y AUSTERIDAD

Pablo Fernández, profesor de Dirección Financiera del IESE

(El Mundo, 14 de mayo de 2012)

Esta crisis no difiere mucho de otras anteriores de idénticas características y similares efectos y consecuencias. Y también es el resultado de decisiones concretas tomadas por personas concretas. No hacer nada es igualmente una decisión. Lamentablemente, ha sido una decisión muy popular en España entre dirigentes políticos y responsables de instituciones.

La actual se podrá superar cuando el sentido común, el trabajo bien hecho, la competencia profesional y la veracidad vuelvan a ser la tónica dominante en la sociedad. Y para ello se requiere la implicación activa de dirigentes políticos, directivos de empresas, agentes sociales, organismos reguladores, empleados, etcétera. Es decir, de todos. Pero la nuestra ha destacado negativamente por un parón normal en el sector de la construcción tras aumentar el stock de viviendas varios años, la concesión de créditos de modo insensato, la concentración de riesgos, un mal control del riesgo y una nula actuación del Banco de España y del Gobierno, lo que ha posibilitado que saliera de la caja más de lo que pudo entrar durante años. Y así se ha registrado un gran endeudamiento exterior y se ha constatado la existencia de representantes incompetentes y una consiguiente pérdida de prestigio internacional.

Tanto en las valoraciones de los proyectos de los promotores como en las valoraciones para justificar la concesión de hipotecas ha habido muchas infladas. El Banco de España cuenta con muy buenos profesionales que, por supuesto, eran conscientes de los peligros, y todos hemos comprobado que los inspectores tenían razón. Prueba de ello es una de sus advertencias en el sentido de que «el número de familias que tendrá que afrontar serias dificultades para hacer frente a sus compromisos financieros crecerá de manera alarmante».

En este sentido, en los últimos años hemos leído o hemos escuchado reiteradas veces en los medios de comunicación frases como «la situación económica está teniendo algunos brotes verdes y hay que esperar a que crezcan»; «no hay ninguna caja que necesite ser intervenida; problemas no tiene ninguna»; «cada vez tenemos más constancia de que lo más agudo de la crisis lo estamos dejando atrás»; «la prima de riesgo de la deuda española tiene que bajar más» -cuando era del 1,4%-; o «ahora podemos decir que estamos saliendo de la crisis».

Por otro lado, cuando una institución financiera atravesaba por dificultades debidas a muchas decisiones de algunos gestores se acostumbraba a sustituir a los gestores por otros para que traten de enderezar el rumbo de la empresa o pedir responsabilidades a los gestores responsables de la situación, máxime si algunos de ellos se enriquecieron previamente con bonus inmerecidos y forzando la contabilidad.

Desde el viernes pasado, las medidas aprobadas por el Gobierno recogen una petición de Europa: encargar a dos tasadoras independientes que valoren la situación del sector en España. De nuevo el propósito general, déjà vu, en las reformas anteriores persiguen que los mercados recuperen la confianza en la banca, que ésta pueda financiarse en condiciones óptimas y que, con ello, el crédito vuelva fluir.

Pero lo que todos nos preguntamos es cuándo ocurrirá esto. Parece, como también hemos visto en reformas anteriores, que la exigencia de nuevas provisiones, aunque beneficiosa a medio y largo plazo, se traducirá a corto en más restricciones. Los nudos gordianos de la reforma son provisiones, ayudas y sociedades inmobiliarias.

Así las cosas, el Gobierno estima que, en total, los bancos tendrán que reservar 30.000 millones de euros hasta el 31 de diciembre próximo en el capítulo de provisiones; mientras que en el capítulo de ayudas, el dinero tiene que salir de los resultados de los bancos. Pero el esfuerzo que se exige, unido al que ya se pidió en febrero (54.000 millones a provisionar también este año, salvo para quienes aborden fusiones, que tienen un ejercicio más), puede meter en pérdidas a parte del sector y dañar su capitalización.

Las entidades siguen obligadas a mantener los niveles que impusieron anteriores reformas (entre el 8% y el 10% de capital principal). Quienes por el impacto de las provisiones tengan necesidades de capital deberán captar dinero privado en el mercado o podrán recibir el apoyo financiero del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob), el instrumento que maneja los apoyos públicos a la banca.

El dinero se inyectará principalmente mediante préstamos bajo la forma de bonos convertibles contingentes (conocidos en la jerga del sector como cocos). Esos préstamos se deberán devolver con un interés del 10%, lo que supone dos puntos por encima de los concedidos por el Frob en 2010. En cuanto a las sociedades inmobiliarias, la reforma también obliga a la banca a crearlas antes de final de año, al estilo de los bancos malos impulsados en otros países, para agrupar y vender las viviendas y suelos acumulados por impagos. Se separa así de los balances los denominados activos adjudicados, valorados ahora en más de 80.000 millones de euros. Las nuevas sociedades estarán abiertas a socios privados y los activos serán traspasados a su valor contable.

Todo esto está muy bien, pero es el momento de pasar a la acción y anticiparnos a la corrupción. Algunos de los profesionales del sector deben demostrar su compromiso y voluntad de combatir la corrupción. Es posible crear entidades viables con mayor eficiencia y es posible cambiar las configuraciones institucionales.

Además, es factible también que los procedimientos corporativos, los sistemas de dirección y las leyes estén ajustadas a la ética y que todos reflexionemos personalmente sobre lo que está pasando e iniciar nuestra propia reforma. Por todo ello, es posible una mayor austeridad. ¿Qué quiere decir todo esto? Sencillamente que hemos vivido demasiado tiempo por encima de nuestras posibilidades. Verdad y responsabilidad son y serán, cada vez más, características competitivas de los países. Y la crisis en España tiene una importante componente local por las decisiones tomadas por los propios españoles.

Es obvio que la crisis en España tiene tres grupos de responsables fácilmente identificables por los perniciosos efectos de las decisiones que tomaron (o dejaron de tomar faltando a su obligación):

El primer grupo está compuesto por algunos consejeros y directivos de entidades financieras que han quebrado y de entidades financieras que no han llegado a quebrar por el apoyo político. El segundo grupo está compuesto por algunos consejeros y directivos del Banco de España, organismo regulador de las entidades financieras. Y el tercero está compuesto por cargos políticos y personas designadas por éstos que han gastado más de lo que debían gastar, bastantes veces en lo que no debían, y, a veces, como no debían.

¿Son las provisiones la solución a la crisis? Una provisión es un número que se apunta en un papel. Sí servirán para que los balances de las entidades estén saneados y, tal vez, para dificultar el pago de algún bonus. La crisis comenzará a solucionarse cuando sucedan las siguientes cosas:

Primera: Que las entidades financieras vuelvan a prestar dinero a las empresas que lo necesitan.

Segunda: Que las entidades financieras problemáticas estén dirigidas por equipos distintos a los que las quebraron.

Tercera: Que la imagen exterior de España sea de responsabilidad, verdad y sentido común, esto es, que se diga el tamaño del agujero de las entidades financieras, que se tome alguna medida, que se diga el volumen de la deuda del Estado español en su conjunto, que se tome alguna medida con los causantes de esta deuda, y que se muestre un plan lógico para solucionar estos problemas, para evitar que sucedan en el futuro y para permitir que las empresas funcionen (cobren, inviertan, paguen, innoven…). Sentido común, austeridad y competencia profesional. Y afirmo todo esto desde el convencimiento de que saldremos de la crisis, y el resultado conllevará una sociedad y una economía mejores.