El último auto del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha corroborado la obligación de introducir el castellano en el aula del alumno que así lo solicite. Esta resolución, da la razón a las 10 familias que habían solicitado la escolarización en castellano para sus hijos, avala el bilingüismo en las aulas y rechaza el modelo de inmersión lingüística con el catalán como única lengua vehicular.

Este fallo que ratifica el dictamen de finales de febrero del Tribunal Supremo en el que instaba a la Generalidad «a proceder a la entera transformación» del sistema de enseñanza para introducir el español en las aulas, supone un varapalo para el Govern al que ordena que tome cuantas medidas sean precisas para adaptar el sistema de enseñanza lingüística.

Es importante destacar que este último auto deja claro que si hay un alumno que solicita la inclusión del castellano, esta ha de aplicarse a toda la clase de la que forma parte el alumno, lo que elimina la estrategia de «la atención individualizada» que utiliza el gobierno catalán para discriminar y segregar al alumno.

Sin embargo, y pese a las reiteradas sentencias a favor de la educación en ambas lenguas, el gobierno de Cataluña ha manifestado que «no va  a ejecutar esta resolución en sus propios términos».

Es de justicia que ésta y las anteriores sentencias a favor de la libertad de los padres a elegir acerca de la educación de sus hijos, en este caso algo tan decisorio como la lengua vehicular, se cumpla sin dilación y sin interpretaciones aviesas. Esta decisión judicial es una nueva victoria del derecho de los padres a elegir la lengua para la educación de sus hijos que viene, nuevamente, enturbiada por la declaración de insumisión a las leyes del gobierno catalán. Es indudable que esta situación está llegando a un punto en el que es perentorio hacer algo para que se cumpla la ley. Sin embargo, mientras tanto la estrategia de dilación del Govern está llevando a que estos alumnos terminen sus estudios sin beneficiarse de las sentencias favorables y sin poder ejercer sus legítimos derechos. En estos casos urge, puesto que la dilación en solucionarlo perjudica a los menores, poner en marcha mecanismos de urgencia que aseguren el cumplimiento de las sentencias. Los derechos fundamentales no admiten tardanzas en su ejercicio.

Tal es el caso de los objetores de conciencia a EpC para los que, a espera de la nueva ley educativa, el tiempo corre en contra, lo que aconseja una ley transitoria que resuelva la situación de estos menores.

Alicia V. Rubio Calle