Padres con la demanda

Ahora también en los tribunales europeos, los padres está siendo protagonistas de la batalla por la libertad educativa en España.

Con este nuevo y trascendental paso siguen adelante en la defensa de su derecho a educar a sus hijos según sus convicciones; un derecho que el Gobierno de España, con la colaboración de las Administraciones autonómicas, pretende arrebatarles mediante la aplicación de los actuales currículos de las asignaturas de Educación para la Ciudadanía (EpC) y su extensión en el capítulo educativo de la Ley del Aborto.

Hoy lo han advertido: «cualquier pacto que no tenga en cuenta a los representantes de los padres objetores estará abocado al fracaso».

Madrid, 24 de marzo de 2010.- El pasado 19 de marzo, varias decenas de familias de diversas regiones españolas, en representación de 305 demandantes, acudieron a Estrasburgo a presentar un recurso contra el Estado español en nombre de 105 alumnos objetores a EpC. Junto con los abogados que han elaborado la demanda, hicieron entrega de la misma en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos Marisa Pérez Toribio, presidenta de la Federación España Educa en Libertad, y José Ignacio Martínez, portavoz de la misma entidad. Ahora también en los tribunales europeos, los padres, verdaderos protagonistas de esta batalla por la libertad, siguen adelante en la defensa de su derecho a educar a sus hijos según sus convicciones; un derecho que el Gobierno de España, con la colaboración de las Administraciones autonómicas, pretende arrebatarles mediante la aplicación de los actuales currículos de las asignaturas de EpC.

Los padres objetores, agrupados en las plataformas que aglutina España Educa en Libertad, han abierto pues una nueva vía para la defensa de sus derechos fundamentales, con el asesoramiento jurídico de Profesionales por la Ética y Alliance Defense Fund, y anuncian que, tras esta primera demanda conjunta, tienen la determinación de plantear cuantas sean necesarias. «Siempre hemos dicho que utilizaremos todos los medios lícitos a nuestro alcance y éste es un paso más. Esperamos que los jueces del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) valoren la gravedad de la situación de estas familias, que han visto cómo las administraciones públicas violan sus derechos fundamentales, y requieran al Estado español para que cese en su intento de expropiar a los padres la educación moral de sus hijos», manifiesta José Ignacio Martínez.

Las plataformas cívicas que luchan por la libertad de educación conocen muy de cerca cada uno de los casos que se han presentado ante el TEDH. Detrás de cada demanda hay una familia que lleva años defendiendo sus derechos frente a la intromisión ilegítima de los poderes públicos. El conflicto ha traspasado ya nuestras fronteras y esta violación de derechos fundamentales por parte del Estado español ha hallado eco tanto en la prensa europea como en la americana.

«Es incomprensible que ante esta situación, con decenas de miles de objeciones de conciencia presentadas y miles de padres e hijos inmersos en procesos judiciales, ya de dimensiones internacionales, el Gobierno español y los ejecutivos autonómicos sigan mirando para otro lado», asegura Marisa Pérez Toribio. «Lo cierto -añade- es que, a lo largo de estos años de conflicto, ningún ministro de Educación se ha querido reunir con los padres para tratar de resolver la situación. El actual responsable de la política educativa, Ángel Gabilondo, está tratando de alcanzar a toda costa un forzado pacto educativo, en el que se niega a incluir una cuestión fundamental como la de Educación para la Ciudadanía, que es causa de una demanda en Estrasburgo contra el Estado español, en plena presidencia española de la Unión Europea. Una demanda que, si el Ministro hubiese cumplido su palabra y se hubiese atrevido a recibirnos y a escuchar nuestras propuestas, quizás no hubiera sido necesaria».

Finalmente, la presidenta de España Educa en Libertad alerta sobre el riesgo que asumirían el Gobierno y sus interlocutores si alcanzaran un acuerdo en materia educativa que no incluyera la reforma del estatus académico de las asignaturas de EpC: «Ya adelantamos en su momento que cualquier pacto que no tenga en cuenta a los representantes de los padres objetores estará abocado al fracaso. No se puede abordar un pacto si quedan fuera del mismo cuestiones fundamentales, como el respeto a la obligada neutralidad ideológica del sistema educativo y la garantía de la libertad de los padres para decidir la formación moral de sus hijos. El Gobierno tiene en su mano la solución inmediata a este problema, renunciando a su arbitrariedad y cejando en su empeño de moldear conciencias y captar voluntades en la escuela. Esa es la única solución definitiva a este conflicto, y los padres no daremos un paso atrás hasta que sea una realidad».