Encuentro de Objetores de Valencia

Los padres de 240 niños y adolescentes de la Comunidad Valenciana esperan que el Tribunal Superior de Justicia de esta autonomía les exima de cursar la asignatura de Educación para la Ciudadanía (EpC), informaron hoy en un comunicado las asociaciones Educa en Libertad de las tres provincias de la autonomía.

Valencia, 28 de septiembre (EUROPA PRESS). –

   Los padres de 240 niños y adolescentes de la Comunidad Valenciana esperan que el Tribunal Superior de Justicia de esta autonomía les exima de cursar la asignatura de Educación para la Ciudadanía (EpC), informó hoy en un comunicado las asociaciones Educa en Libertad de las tres provincias de la autonomía.

   Al respecto, recordaron que el pasado 25 de septiembre presentaron recursos contencioso-administrativos ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) en los que solicitan que, por razones de conciencia, sus hijos queden eximidos de cursar las asignaturas de EpC. Según la entidad, 182 de estos menores residen en la provincia de Alicante, 34 viven en la de Valencia y los 24 restantes en la de Castellón.

   Estas familias presentaron a mediados del pasado mes de agosto recursos de reposición contra la resolución del Consell que rechazó el reconocimiento de ese derecho. El asesor jurídico de las asociaciones y abogado que ejerce la representación procesal de los recurrentes, José María Llanos, señaló que en octubre del pasado año fueron «centenares» los objetores valencianos que recurrieron al TSJCV por silencio administrativo, pues la Conselleria de Educación «no había respondido a las declaraciones de objeción de conciencia».

   El Alto Tribunal valenciano estimó que no procedía resolver nada sobre el fondo, pues consideró «que se trataba de un derecho que creían tener los padres», pero que la Administración «no estaba obligada a resolver y que ese silencio no podía entenderse ni como denegación ni como reconocimiento del derecho invocado». Una decena de las familias inmersas en aquellos procedimientos, representadas por el abogado Jorge Sánchez-Tarazaga, interpusieron recursos de casación ante el Tribunal Supremo, instancia en la que se tramitan actualmente.

   Llanos agregó que, con posterioridad a la decisión del TSJCV, la Conselleria entendió que sí debía responder a las declaraciones de objeción planteadas, «porque obviamente ejercitar el derecho a la objeción o no ejercitarlo tiene repercusiones académicas y, por ello, jurídico-legales». Por ello, se planteó un recurso para la protección de los derechos fundamentales de la persona –en este caso, el de libertad ideológica y religiosa–, y confían en que el Alto Tribunal autonómico se lo reconozca.

   La representación jurídica de las tres entidades considera que en el ámbito judicial «aún hay mucha tela que cortar» como «lo demuestran las dos sentencias dictadas el pasado 23 de septiembre por el TSJ de Castilla y León en las que se reconoce la legitimidad de la objeción de conciencia a EpC».