Las declaraciones de apoyo deben acompañarse de hechos

Madrid, 23 de mayo de 2008.  En los últimos días se han producido algunas novedades en torno a la polémica asignatura de Educación para la Ciudadanía (EPC). Por una parte, el Gobierno de la Comunidad Valenciana ha publicado la Orden que regulará la aplicación de la materia en la comunidad. En la citada Orden se establece una opción B para cursar la asignatura, consistente en que los alumnos realicen un trabajo sobre un tema del currículo de la asignatura elegido por los padres. Asimismo se declara, en términos no del todo claros, que dicha opción B constituye la alternativa a la asignatura para los alumnos que ejerzan el derecho constitucional a la objeción de conciencia.

Por otra parte, ayer mismo, los dirigentes del Partido Popular Alfonso Alonso y Juan Antonio Gómez Trinidad declararon públicamente el apoyo de la dirección nacional de dicha formación política a los padres objetores y a las asociaciones críticas con Educación para la Ciudadanía y defendieron el derecho a la objeción de conciencia. Igualmente, criticaron la imposición de la asignatura por su carácter adoctrinador e ideológico.

Para Jaime Urcelay, presidente de PROFESIONALES POR LA ÉTICA, la Orden de la Comunidad Valenciana sólo resolverá el problema si va acompañada de un efectivo respeto del derecho de objeción de conciencia de los padres. “Educación para la Ciudadanía plantea, ante todo, un problema de derechos fundamentales. Es la libertad ideológica en la escuela lo que está en juego. Ante este desafío los ciudadanos no podemos aceptar ambigüedades ni componendas políticas. Sólo exigimos algo tan básico en un Estado democrático de Derecho como es el pleno respeto de las libertades individuales”.

Respecto a las manifestaciones de apoyo a los objetores realizadas desde el Partido Popular, Urcelay afirma que “son muy de agradecer en un momento en que el Gobierno central y determinadas Administraciones educativas, algunas bajo la responsabilidad del propio Partido Popular, están empeñadas en negar el derechos de los padres a formar a sus hijos según sus propias convicciones, sin imposiciones morales del poder político”. “Ahora esperamos que esta declaración vaya acompañada de hechos concretos y que las Comunidades Autónomas de La Rioja y Castilla y León rectifiquen inmediatamente su postura y cesen en sus amenazas a los padres objetores. Es importante, además, que la misma actitud se extienda a la Comunidad Foral de Navarra, donde los padres se han visto obligados a recurrir a los tribunales de justicia en defensa de sus derechos”.

En este contexto, PROFESIONALES POR LA ÉTICA asegura que a día de hoy al menos se han presentado en toda España 32 419 objeciones a la asignatura Educación para la Ciudadanía ya que se siguen registrando alrededor de un centenar de objeciones diarias.