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Las sentencias dictadas por el TSJCyL eximen a los alumnos de cursar EpC. Las plataformas de padres esperan que la Junta de Castilla y León haga extensivos los fallos judiciales, de forma inmediata, a todos los alumnos objetores.

Salamanca, 25 de septiembre de 2009. Esta mañana han comparecido ante los medios de comunicación representantes de las 10 plataformas de padres objetores a Educación para la Ciudadanía (EpC) de Castilla y León.

El objetivo era analizar las sentencias dictadas el pasado miércoles por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJ CyL) reconociendo el derecho a la objeción de conciencia a EpC así como las consecuencias que de ellas se derivan.

 

En la comparecencia ha intervenido Lourdes Ruano Espina, presidenta de la Plataforma Salamanca Educa en Libertad, quien ha afirmado que «las sentencias que acabamos de conocer confirman, efectivamente, que la materia escolar tiene una intensa carga ética, moral e ideológica y que incide en la privacidad e intimidad de los alumnos, por lo que reconocen el derecho a la objeción de conciencia de los padres, y establecen que los niños quedan exentos de cursar la materia sin que pueda tener consecuencias negativas para ello».

 

Ruano se ha congratulado por estas sentencias  «que confirman que el conflicto creado por EpC no se zanjó con las sentencias del Tribunal Supremo, tal y como vienen demostrando los padres que siguen objetando, los alumnos que siguen sin entrar en clase y las plataformas de padres cuyo número sigue aumentando en toda España».

 

Por su parte, el abogado de la mayor parte de los alumnos objetores, Francisco José Ramos Vega, ha realizado una valoración jurídica de las sentencias. Estas, en opinión del letrado, «se apartan del fallo del Tribunal Supremo en materia de objeción a EpC porque entienden que, en la interpretación de los derechos fundamentales, es vinculante la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y no la del Supremo». Asimismo, Ramos Vega recalcaba que las sentencias  «destacan también que con EpC se ha incumplido el mandato del art. 27.3 de la Constitución, que obliga a los poderes públicos a garantizar el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones puesto que, en efecto, el desarrollo reglamentario de la asignatura, de sus contenido y criterios de evaluación, supone una extralimitación de los poderes públicos al imponer una determinada visión que no puede ser calificada de generalizado consenso moral».

 

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Durante la rueda de prensa también ha tomado la palabra José Sanz Aguilar, portavoz de la plataforma Padres por la Libertad, quien ha señalado que «la incomprensión y las amenazas tanto de la Consejería de Educación como de los propios centros escolares hacían que algunos padres tuvieran dudas de cara al nuevo curso. Con estas oportunas sentencias, las familias objetoras han visto reforzada y respaldada su postura, e incluso se están presentando nuevas objeciones. Los alumnos objetores de Castilla y León no van a entrar en clase de EpC».

 

Finalmente, Marisa Pérez Toribio, presidenta de Soria Educa en Libertad, ha recordado que cuando el Tribunal Supremo dictó cuatro sentencias negando a los padres el derecho a objetar a EpC, la Junta de Castilla y León hizo extensivos los efectos de las sentencias a los objetores castellanoleoneses, a pesar de que las resoluciones del Supremo sólo afectaban a unos alumnos asturianos y andaluces.  «Ahora», afirma Pérez Toribio, «los padres objetores de Castilla y León esperan que estas sentencias se hagan también extensivas, de forma inmediata, a todos los objetores de la Comunidad, a los que la Junta ha dejado en situación de indefensión absoluta».

 

Pérez Toribio ha recordado que las asignaturas de EpC desarrolladas en los decretos autonómicos de Castilla y León reproducen los mismos contenidos, objetivos y criterios de evaluación de las asignaturas elaboradas por el Ministerio de Educación. Esta semejanza ha sido puesta de manifiesto por el TSJCYL en sentencias de abril y junio de 2009. 

 

«Ahora el presidente Herrera asegura sentirse muy cerca de las familias objetoras. Pues bien: ahora tiene ocasión de demostrarlo prestando apoyos concretos a estos padres personalmente, sin delegar esa responsabilidad en el consejero de Educación y para ello lo primero que solicitamos a Juan Vicente Herrera es que reciba a los representantes de las plataformas de CyL, en quienes han confiado los padres afectados », ha concluido Pérez Toribio.