El texto de paliativosLa propaganda política es una cosa; la verdad, con demasiada frecuencia, otra muy distinta. Así ha quedado demostrado, una vez más, a propósito del Proyecto de Ley de «muerte digna», ahora dulcificado con el título de «derechos de la persona ante el proceso final de la vida». Presentado por el Gobierno y sus socios culturales y mediáticos como «el resultado de un amplio consenso», los datos objetivos dan idea de hasta qué punto la ideología puede suplantar a la realidad.

Lo cuenta Diario Médico de hoy en su portada y en páginas de interior: de las 36 alegaciones presentadas al Anteproyecto de Ley por dos de las principales organizaciones profesionales implicadas en la cuestión -la Organización Médica Colegial y la Sociedad Española de Cuidados Paliativos-, tan sólo una  de las propuestas  -y no precisamente de las más sustantivas-  ha sido incorporada al Proyecto de Ley remitido por el Consejo de Ministros al Congreso de los Diputados.

Ante este hecho y la persistencia en el texto del Proyecto de Ley de las principales reparos expresados por los médicos a la redacción original del Ministerio de Sanidad, el presidente de la Secpal, el Dr. Javier Rocafort, aunque prudente, no puede ser más claro: «lo que nos estamos jugando es mucho, pues es la atención a los que más sufren». El profesional debe «mantener la lex artis ante cualquier tipo de presión, por lo que nos tendrían que aclarar si los médicos tenemos que obedecer a los pacientes aunque nos pidan algo en contra de la lex artis. Esto es algo esencial que hay que aclarar».

En sus 36 alegaciones la OMC y la Secpal insistieron en que la lex artis y el ordenamiento jurídico deben limitar el derecho a decidir de los pacientes. Asimismo solicitaban que no se derogase el art. 11.3 de la vigente Ley de Autonomía del Paciente que regula las instrucciones previas y prohibe que la aplicación de aquellas sea contraria a los referidos límites.

Descargar en pdf. la noticia de Diario Médico «El proyecto de ley de paliativos, fiel a su redacción original» (13/06/2011).

Leer también el artículo de José Luis Requero «¿Para quién se legisla?» (La Razón, 14/06/2011).

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