El «Debate del estado de la Nación» acaparó ayer la actualidad política en España, con la crisis económica y social como inevitable tema estrella. Como telón de fondo, una cuestión que día a día copa las páginas y los tiempos de los medios de comunicación y que está provocando una profunda preocupación social: la corrupción política.

José Luis García Delgado, Catedrático de Economía Aplicada de UCM, ex Rector de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo y Presidente del Círculo Cívico de Opinión, presentaba ayer en la Tercera de ABC una aproximación al problema que, por su indudable interés, reproducimos seguidamente.

CORRUPCIÓN POLÍTICA

José Luis García Delgado, Presidente del Círculo Cívico de Opinión

(ABC, 20/02/2013)

En el marco de la profunda desazón social provocada por la crisis económica, que está impactando duramente sobre las condiciones de vida de grandes sectores de la sociedad española, el reguero de casos de corrupción política está produciendo efectos perversos sobre la legitimidad de los políticos y, por ende, de las instituciones públicas. Se extiende cada vez más la sensación de que los políticos (la llamada “clase política”) solo atienden a sus propios intereses, a cualquier precio y en connivencia con otras “élites extractivas” para proteger los respectivos privilegios. Esa percepción casi universal sobre la corrupción de la vida social y política, en el marco de la crisis económica y de la enorme bolsa de desempleo, está siendo devastadora para la democracia, provocando un claro proceso de desafección que se proyecta hacia todo el sistema político.

Es cierto que el fenómeno no es nuevo, pues viene haciéndose presente con frecuencia desde hace años, y que esta patología no es tampoco exclusiva de España. Pero nada de ello sirve de paliativo: las prácticas corruptas no dejan de aflorar, sin que hasta ahora se hayan adoptado medidas eficaces para su erradicación, y los datos comparados indican que aquí estamos lejos de los niveles de los países a los que nos gustaría parecernos y, todavía más importante, que la tendencia de los últimos años es muy negativa.

La corrupción ha sido objeto de numerosas investigaciones en ciencia social, que -dicho esquemáticamente- concluyen algo sencillo: la probabilidad de comportamientos corruptos tenderá a crecer cuanto mayor sea la intervención pública de la economía (y menor la autonomía del mercado frente a la política); cuanto más numerosos sean los centros donde se toman decisiones con alcance económico y se gestiona el gasto público; cuanto mayor sea el margen de discrecionalidad de esas decisiones; cuanto menor sea su transparencia; cuanto menor sea el control a que deban someterse; cuanto mayor sea el control político de los medios de comunicación; cuanto menor sea la sanción en caso de descubrimiento y, finalmente, cuanto menor sea la probabilidad de que esa sanción sea efectiva y/o haya un indulto final.

Y bien, en ese listado España puntúa alto en casi todo: el sector público tiende a invadir todos los ámbitos, conduciendo a una agobiante dependencia de licencias, autorizaciones, subvenciones y concesiones; la dispersión del gasto público en nuevas administraciones territoriales de distinto rango ha venido acompañada de un aumento de la discrecionalidad en sus decisiones; innumerables entidades, fundaciones o empresas se han creado expresamente para eludir la legislación de contratos públicos, desplazándose de paso a los funcionarios de carrera por personas de confianza de los partidos políticos; falta transparencia en las cuentas de los partidos políticos; se multiplican las corruptelas en las actuaciones de los reguladores y en la utilización de la cláusula de “oferta económicamente más ventajosa”; los medios de comunicación padecen serios apuros económicos, y un sistema político que favorece la impunidad, con sucesivos gobiernos que se muestran proclives a concederse indultos mutuos en un juego escandaloso de “toma y daca”.

Téngase en cuenta, además, que la corrupción se extiende como un virus y se retroalimenta positivamente al menos de dos modos. En primer lugar, el corruptor necesita de alguien corruptible, que se transforma a su vez en posible futuro corruptor. En segundo lugar, el corrupto se protege de la vigilancia de superiores o inferiores incorporándolos al botín, lo que ellos harán de nuevo en el futuro. Por ello la corrupción debe ser atacada en todas sus formas y de todos los modos posibles: tolerancia cero, asentada sobre una nueva conciencia de ética pública. Pues, no nos engañemos, la corrupción propiamente política brota con especial fuerza allí donde existe una cultura cívica deficiente y tolerante con otras conductas corruptas menos visibles o llamativas. Por eso el combate contra la corrupción es una tarea de todos, y a toda la ciudadanía le concierne. A quienes tienen la responsabilidad del liderazgo en uno u otro nivel, hay que exigirles ejemplaridad pública; pero todos y cada uno hemos de adoptar una posición activa de rechazo de cualquier práctica corrupta: no hay fuerza más efectiva de control social que la reprobación informal colectiva. Ante la corrupción, el silencio es complicidad. En todo caso, dado el estado de alarma social en que se encuentra la sociedad española y dada la transcendencia que está alcanzando la corrupción política, el Círculo Cívico de Opinión considera imprescindible impulsar un gran Programa de Regeneración Democrática, incluyendo, si ha lugar, reformas constitucionales. Para elaborarlo, los principales partidos deberían constituir una comisión integrada por hombres y mujeres con conocimiento y experiencia en la vida política y social, pero sin ejercer actualmente responsabilidades políticas, y cuya composición refleje la pluralidad de la sociedad, una comisión más apartidista que bipartidista. Comisión que debería pedir la colaboración de cuantas instituciones o grupos deseen ofrecer ideas o sugerencias.

Con este propósito, el Círculo Cívico de Opinión, a partir del argumentado Informe de uno de sus socios fundadores, Santiago Muñoz Machado, propone otorgar prioridad a cuatro aspectos fundamentales.

-Primero: al sistema de partidos, para garantizar su democracia interna y la transparencia de sus actuaciones, con auditorías anuales de cuentas y suspensión de los cargos imputados por administración desleal en procesos judiciales, sustituyendo el sistema de listas cerradas y bloqueadas por otro que permita negar el voto a candidatos que no merezcan la confianza de los ciudadanos ante su falta de ejemplaridad.

-Segundo: las administraciones públicas, eliminando la duplicación de estructuras y funciones públicas que suponen un innecesario gasto público, con la supresión cuanto antes de organismos y empresas públicas que han conducido a un Estado sobredimensionado, inmoderadamente intervencionista y ventajista, que propicia la colusión de intereses.

-Tercero: los procedimientos de gestión, con objeto de reducir drásticamente la discrecionalidad de los órganos que otorgan licencias o autorizaciones administrativas, o que adjudican contratos o concesiones administrativas, exigiéndoles en todo caso motivación, y elevando a instancias superiores la capacidad de decisión sobre ciertas materias, como las relativas al suelo.

-Y cuarto: la represión, para acabar con lo que los ciudadanos perciben como una clara impunidad de la corrupción política, cuya expresión más obscena es la no adopción de decisiones inmediatas en el seno de los partidos respecto a quienes son imputados en procedimientos judiciales, llegando a incluirlos unos y otros en listas electorales (¡cien fueron presentados a las elecciones municipales y autonómicas en 2011!).