El magistrado José Luis Requero se refiere hoy en su columna de La Razón al desayuno de trabajo celebrado con Sophia Kuby, directora ejecutiva del Observatorio Europeo para la Dignidad (European Dignity Watch).

Este es el texto completo del artículo:

28 Septiembre 10 – José Luis Requero

Confieso que no estaba al tanto. Pero gracias a Profesionales por la Ética he sabido que el próximo 7 de octubre la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa votará el Informe McCafferty. Me explico. La semana pasada, organizado por  Profesionales por la Ética, asistí a un desayuno con Sophia Kuby, directora ejecutiva del Observatorio Europeo para la Dignidad (European Dignity Watch). Este Observatorio es una organización  europea que defiende la vida, familia y las libertades fundamentales mediante la presencia, asesoramiento y acción jurídica en las instituciones europeas.

Kuby alertó de unas iniciativas poco conocidas –que pasen desapercibidas es parte de su estrategia– cuyo objetivo es limitar las libertades fundamentales. Se refirió al Informe McCafferty y al proyecto de Directiva  Antidiscriminación  en el que trabaja la Unión Europea.

Son distintas pero coinciden en esos dos puntos  –pasan desapercibidas, recortan libertades– con las que iría cuajando una dictadura global. El telón de fondo es generalizar la idea de que el aborto es un derecho que, como tal, no puede ser contradicho y que los estados deben garantizar. Y aquí empieza esa dictadura: al ser un derecho hay que laminar todo aquello  –y a todo aquel– que sea un obstáculo.

El nervio de ese Informe McCafferty es poner coto a la libertad de conciencia basada en convicciones morales. Constata el  incremento constante de personal sanitario que objeta y su respuesta es sencilla: cercenar esa libertad,  limitar la objeción, de ahí su empeño por encerrarla en los muros de lo estrictamente privado, sin trascendencia pública. Erige el aborto en derecho, pero no lo presenta así,  a las claras, sino que lo enmascara con la apelación a la salud reproductiva y sexual. La consecuencia cae por su propio peso y no es otra sino que no podrá prevalecer nada que contraríe  ese nuevo derecho, incluso  plantea que la objeción de conciencia ceda en caso de urgencia, que el objetor esté obligado a satisfacerlo.

Como se ve, lo que ese informe propugna, en el fondo, ya está incluido en nuestra vigente Ley del Aborto. En este sentido somos, lamentablemente, un país avanzado, precursor; vamos en  contra de la Constitución que ordena a los poderes públicos procurar que el ejercicio de  los derechos y libertades sea real y efectivo, les ordena que remuevan los obstáculos que impidan ese ejercicio. Pues bien, la Ley del Aborto rechaza que prevalezca la objeción de conciencia –manifestación de la libertad de pensamiento– y así todo conflicto que surja se resolverá de la «forma más favorable para la protección y eficacia de los derechos fundamentales de la mujer», esto es, del aborto.

Otro eje del informe es que la objeción no tenga más alcance que el estrictamente privado: no cabe que tenga trascendencia pública. Habrá que llevar esto a otros ámbitos y materias, por ejemplo, la enseñanza. Con esos planteamientos no cabría que una universidad se niegue a que en su Facultad de Medicina se enseñe a cómo practicar un aborto; un colegio no podría negarse a que se enseñe esa particular concepción de la salud y  los derechos de la mujer.

En la Europa del siglo XXI puede aparecer un nuevo gueto: el que excluya a quienes tengan convicciones sólidas, sean cuales sean, pero que no profesen la ideología dominante. Como dice el Informe McCafferty para el caso de los médicos, «la conciencia caprichosa de los médicos no puede prevalecer sobre los derechos reproductivos de las mujeres». Cerco a las convicciones, a las creencias. Se tiñe esa libertad de conciencia de presunción de  culpabilidad, se ve cierta malicia en su ejercicio. Como no es un derecho que el Estado deba promover y garantizar, quien apele a sus convicciones para no practicar abortos deberá probar que su objeción es seria y actúa de buena voluntad.

Me he referido al Consejo de Europa y a la Unión Europea, a su proyecto de Directiva antidiscriminación, merecedora de un comentario aparte. Pero ahí está la ONU y su Estrategia Mundial de Salud de las Mujeres y los Niños, también con el aborto como derecho planetario, de cuya aceptación por países subdesarrollados pueden depender ayudas. Es lo que se  ha ventilado en la Cumbre celebrada la pasada semana sobre los Objetivos de desarrollo del Milenio. Habría que añadir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, instancia en la que se libra otra sorda guerra: la de las  raíces cristianas de Europa (tema de los crucifijos en las escuelas) o la libertad de los padres para educar a sus hijos conforme a sus convicciones (Educación para la Ciudadanía en España).

Esas organizaciones supranacionales son terreno de conquista para esas minorías que sostienen los postulados de la ideología de género (feministas radicales, lobby gay) o la industria abortista o, simplemente, para los que quieren eliminar las raíces de la cultura occidental. Cuentan de este  modo con un atajo rápido y eficaz para su estrategia global de ingeniería social, de transformación de mentalidades. De imposición ideológica, de dictadura global, en lo que debería ser la Europa de las libertades.