Eugenio Nasarre y Francisco J ContrerasComo ya se ha informado en esta misma página, el pasado 31 de marzo tuvieron lugar en la Biblioteca de ABC, en Madrid, dos interesantísimas mesas redondas sobre «Dos proyectos alternativos: reingeniería social y regeneración moral», en las que intervino un plantel de expertos de primer nivel.

La segunda mesa redonda estuvo dedicada específicamente a analizar y debatir el que parece último eslabón de las iniciativas legislativas del Gobierno Zapatero destinadas a cambiar, desde el poder político, el marco de valores de la sociedad española: el Anteproyecto de Ley de Igualdad de Trato.

Proponemos a continuación los respectivos análisis presentados a esta segunda mesa redonda por dos destacados intelectuales: Eugenio Nasarre (licenciado en Derecho, Filosofía y Letras, Políticas y graduado en Periodismo y diputado del Partido Popular),  y Francisco J. Contreras (catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad de Sevilla). Los mencionados textos han sido publicados por Páginas Digital.

LA LEY DE IGUALDAD DE TRATO: UNA AMENAZA A LA LIBERTAD

Eugenio Nasarre

(Páginas Digital, 08/04/2011)

Confieso que me ha provocado una inquietud pavorosa la lectura del texto del Gobierno sobre «igualdad de trato», cuya finalidad ideológica está muy clara para quien no se ponga vendas. No es otra que transformar la sociedad, sus valores y modos de vida, con medios coactivos y por ello se inscribe perfectamente en el proyecto de «ingeniería social» impulsado por Zapatero. El de ahora da una vuelta de tuerca más, esta vez con la pretensión directa de domesticar a la sociedad española y someterla a unos parámetros de comportamiento, decididos y vigilados por un Estado que se hace omnipresente en nuestras vidas, bajo el señuelo que más ha fascinado, con distintos ropajes, al hombre contemporáneo: el señuelo irresistible de la igualdad.

5577495061_6dbe87a032_bYa hace mucho tiempo, con palabras imperecederas, Tocqueville nos alertó sobre la clase de despotismo en el que podían caer las naciones democráticas, si no preservaban las condiciones en que se ejerce y florece la libertad. El temor es que sobre esas sociedades, describía Tocqueville, «se eleva un poder inmenso y tutelar; pretende ser el único agente y el único árbitro de ella; provee a su seguridad y a sus necesidades, facilita sus placeres, conduce sus principales negocios, dirige su industria, arregla sus sucesiones, divide sus herencias y se lamenta de no poder evitarles el trabajo de pensar y la pena de vivir. De este modo, hace cada día menos útil y más raro el uso del libre albedrío, encierra la acción de la libertad en un espacio más estrecho y quita poco a poco a cada ciudadano hasta el uso de sí mismo. La igualdad prepara a los hombres para todas estas cosas, los dispone a sufrirlas y aun frecuentemente a mirarlas como un beneficio».

Mi perplejidad nace al buscar sentido al concepto de «igualdad de trato» en las relaciones sociales, en la vida social. ¿Puedo tratar de forma igual a mi anciana madre que a mis nietos, que están dando los primeros pasos? A mi madre debo respeto y veneración, lo que es muy distinto del trato que dé a mis nietos, a los que tendré a veces que reprender y corregir, aunque lo haga con la moderación propia del abuelo. Lo que veo en la vida social es precisamente que está llena en su orden espontáneo de muchas «diferencias de trato», derivadas de la diversidad de posiciones y funciones sociales y derivadas de tradiciones con sentido.

O «la igualdad de trato» se entiende exactamente lo mismo que «igualdad ante la ley», principio éste consagrado en la Constitución y que forma parte del patrimonio jurídico de las democracias liberales… o hay gato encerrado. Si fuera lo primero, esta posible ley sería lo más inútil y superfluo que pudiéramos imaginar, ya que nuestro ordenamiento jurídico posee ya muy poderosos instrumentos para garantizar la igualdad de los ciudadanos ante la ley. El primero de ellos es que toda ley que estableciera cualquier tipo de discriminación sería tachada de inconstitucional y sería expulsada de nuestro ordenamiento jurídico. Y, en segundo lugar, los jueces tienen encomendada la tutela de los derechos y libertades sin discriminación alguna. Una democracia libre no necesita más.

La llamada «igualdad de trato» encierra algo más, mucho más. Nos vende una sociedad en la que «nadie debe sentirse humillado» en sus relaciones con los demás, por cualquier circunstancia personal y social. ¿No obedece este propósito, una vez más, a la infernal pretensión de lograr el «paraíso en la tierra», una nueva versión de lo que Camus llamó las «rebeliones prometeicas» del hombre contemporáneo? Porque la «igualdad de trato» se predica erga omnes, incluidas las relaciones que se desarrollan entre particulares. En cada empresa, en cada hospital, en los centros educativos, en los lugares públicos, en los centros de recreo, por doquier, nadie ha de recibir un trato que pueda considerar «intimidatorio, hostil, degradante, humillante, ofensivo o segregador». Y, si pertenece a un presunto «grupo minoritario», deberá recibir incluso un trato preferente, en virtud del principio de la afirmative action, a favor de quienes están en desventaja, que consagra la ley. A la vista de la maldad de la condición humana y de tradiciones basadas en prejuicios, el Estado se erige, con la coacción que resulte necesaria, en definidor, vigilante, guardián y protector de esta «igualdad de trato».

Y para ello se crea un órgano con el temible nombre de Autoridad para la igualdad de trato, nombrado por el Gobierno, con amplias facultades de vigilancia y de propuestas de sanción. Podrá intervenir de oficio o a petición de parte y podrá hacerse omnipresente en toda la vida social. Será una espada de Damocles que colgará sobre nuestras cabezas. Cualquiera que se sienta humillado, ofendido o no tratado como quisiera podrá denunciarlo ante la Autoridad. Y, como se establece la inversión de la carga de la prueba, será el presunto violador de la «igualdad de trato» el que tendrá que demostrar su conducta inocente. Lo normal será que su inocencia la tenga que demostrar dando siempre satisfacción al denunciante. Es decir, sometiéndose.

Pero aún hay más. Se otorga una posición privilegiada a las asociaciones «promotoras de la igualdad de trato» y defensoras de las minorías, que actuarán como agentes entusiastas cooperadores de la Autoridad en las funciones de vigilancia y denuncia. La Autoridad no necesitará de muchos agentes propios. Bastará la actuación de los lobbies «promotores de la igualdad de trato», convertidos en entidades temibles, que trabajarán para evitar que haya personas descarriadas que opongan resistencia a las nuevas costumbres que se pretenden imponer.

Porque no podemos ingenuamente llamarnos a engaño. Todo este diseño, revestido de la fascinante para algunos (o para muchos) vestimenta de la «igualdad», está destinado a imponer en la sociedad, con el grado de coacción que resulte necesario, unos cánones de comportamiento que afectarán a nuestras mores o costumbres (que encierran siempre una dimensión ética, pues no en vano la moral procede del vocablo mos). Está ello muy claro cuando el proyecto de ley establece (¡Dios mío!) nada menos que una «Estrategia Estatal» para la igualdad de trato. La vigilancia será selectiva y se concentrarán las actuaciones en aquellos aspectos de la vida social que contribuyan a modelar la vida social conforme al diseño de sociedad y de parámetros «morales» preestablecidos por el poder. Cualesquiera mores que respondan a unos criterios de moralidad distintos a los establecidos por el poder deberán ser eliminados con las vías de coacción e intimidación que posibilita el proyecto de ley. La esperanza de los diseñadores del proyecto es que la sociedad española no ofrezca ya demasiada resistencia y que los focos de posible oposición sean doblegados con una mezcla de persuasión y coacción.

A tal fin el texto contiene una clara invitación a los medios de comunicación a cooperar en esta labor de persuasión y una clara amenaza a los que no lo hagan. Tendrán que respetar el derecho a la igualdad de trato «en el tratamiento de la información, en sus contenidos y en su programación». O el artículo 22 del proyecto es un brindis al sol o es una gravísima limitación a la libertad de expresión, incompatible con los postulados constitucionales.

Una viuda que tenga una casita en el campo y que quiera alquilar unas habitaciones no podrá elegir a sus huéspedes por criterios relacionados con las mores. Podrá ser denunciada por violación de la «igualdad de trato». Y obligada a clausurar esa fuente de su sustento, a no ser que se doblegue a este nuevo despotismo. Los medios de comunicación deberán cumplir su misión: airear el caso y afear y condenar por réproba y antisocial a la viuda.

Los profesores y centros educativos serán las primeras víctimas de este delirante proyecto. ¿Quién no puede ser objeto de denuncias por trato humillante o por sentirse ofendido, simplemente por exponer cánones de moralidad y modelos sociales (de familia, por ejemplo) con criterios de jerarquía, que se aparten de los cánones que se pretenden imponer? Sólo será compatible con esta ley una educación basada en el multiculturalismo y en el relativismo. El profesor que quiera defender criterios de moralidad, basados en las virtudes, podrá fácilmente ser acusado de hacer planteamientos discriminatorios para «grupos minoritarios» y los poderosos lobbies se ensañarán con él por inculcar doctrinas perniciosas y antisociales a los menores. El sometimiento de los colegios y profesores será objetivo preferente de esta estrategia.

La ley de «igualdad de trato» es, en mi opinión, la mayor amenaza a la libertad que se cierne ante nosotros. Tenemos la obligación de desenmascararla, de desnudar su ropaje engañoso, de hacer ver sus intenciones y sus nefastas consecuencias para nuestra sociedad. Habrá que evitar que este Gobierno, ya en fase agónica, consume este propósito liberticida. Y, si lo lograra, el Partido Popular debe adquirir el firme compromiso de derogarla entre sus primeros actos.

http://www.paginasdigital.es/v_portal/informacion/informacionver.asp?cod=2273&te=15&idage=4339&vap=0

EL PROYECTO DE LEY DE NO DISCRIMINACIÓN E IGUALDAD DE TRATO

Francisco José Contreras

(Páginas Digital, 11/04/20119

Los aspectos más inquietantes del Anteproyecto de Ley de No Discriminación e Igualdad de Trato han sido ya destacados por diversos comentaristas: la interferencia gubernamental en la libertad de contratación y en las asociaciones privadas (con la excusa de velar por la no discriminación); la clara amenaza a la libertad de expresión representada por el art. 22; la inaudita inversión de la carga de la prueba introducida por el art. 28; la institución de un(a) Gran Inquisidor(a) anti-discriminación, etc.

Francisco ContrerasPodría resultar más interesante el análisis de las raíces ideológicas de este tipo de regulación. Por ejemplo, algunos han hablado de la posible influencia del «republicanismo» de Philip Pettit (que pasa por ser el filósofo de cabecera del actual presidente del gobierno). El republicanismo es una venerable tradición filosófico-política, que se remonta a Tucídides o Cicerón, y encuentra después nuevas formulaciones en los siglos XVII y XVIII (Harrington, Milton, Jefferson, etc.). Su nota diferencial más importante quizás sea la idea según la cual para que subsista la libertad no basta con cierto marco legal, cierto entramado de instituciones y procedimientos; es imprescindible también que ciertas virtudes morales sean cultivadas por los ciudadanos. El republicanismo, por tanto, no reconoce la estricta separación entre esfera pública y esfera privada propugnada por el liberalismo. El Estado no puede limitarse a ofrecer una parcela de libertad individual a cada ciudadano, para que éste la gestione con arreglo a su propia concepción del bien; el Estado asume, por el contrario, una función pedagógica o moralizadora, fomentando las virtudes de cuya vigencia depende la subsistencia de la libertad.

Ahora bien, para el republicanismo clásico, las virtudes en cuestión eran, por ejemplo, el patriotismo, la sobriedad, la laboriosidad, la prudencia… Pettit, en cambio, es un republicano postmoderno al que estas virtudes republicanas clásicas le resultan sospechosas.  Pettit concibe también al Estado como un educador moral, pero espera de él que inculque otro tipo de «virtudes»: el non-judgmentalism (es decir, la prevención frente a toda valoración o comparación moral entre diversos estilos de vida) y la no-dominación. Según Pettit, aunque los ciudadanos sean iguales ante la ley, subsisten muchas otras formas de «dominación» en las relaciones de los ciudadanos entre sí. El Estado debe, pues, escrutar todos los pliegues de la sociedad, en busca de entuertos discriminatorios que desfacer y dominaciones que revertir. Esto implica un Gobierno orwelliano que mete las narices en los hogares, en los contratos de trabajo, en las asociaciones privadas…

Esta inspiración pedagógica sobrevuela sutilmente la Exposición de Motivos del proyecto de ley. Se habla allí de «avanzar en la lucha contra la discriminación»… dándose por supuesto que la sociedad actual sigue siendo muy discriminatoria. El legislador presume que la sociedad, abandonada a sí misma, tiende naturalmente al racismo, al sexismo, a la homofobia, etc. El gobierno ilustrado tiene que vigilar y reeducar constantemente al populacho reaccionario.

Por lo demás, creo que esta obsesión por la no-dominación y la no-discriminación tiene su origen en cierto desquiciamiento del principio de igualdad que tiene lugar a partir de los años 60. El principio de no discriminación, tal como fue entendido por el liberalismo clásico (igualdad de todos ante la ley, con independencia de la raza, el sexo o la religión), es totalmente razonable y posee además raíces cristianas («ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer», escribió San Pablo [Gal. 3, 28]). Pero, en mi opinión, este principio de igualdad ante la ley alcanzó su plena realización en los países occidentales a mediados del siglo XX, cuando fueron abolidas las últimas discriminaciones legales que pesaban sobre las mujeres (por ejemplo, las limitaciones de la capacidad jurídica de la mujer casada) y sobre los negros en EEUU (leyes de derechos civiles de los años 60). Hubiera cabido esperar que desapareciese entonces el anti-discriminacionismo, una vez alcanzados sus últimos objetivos. Pero ocurrió exactamente lo contrario: siguió creciendo, convertido ya en una ideología destructiva.

Por ejemplo, el llamado «feminismo de segunda ola» (Betty Friedan, Shulamith Firestone, Carol Hanisch), no satisfecho con la igualdad de varones y mujeres ante la ley, considerará a partir de los años 60 que los roles de esposa y madre son alienantes, y que la mujer debe ser liberada de ellos mediante el desmantelamiento de la familia y el derecho al aborto. Las minorías étnicas, no contentas con haber conseguido la igualdad ante la ley, irán más allá y exigirán derechos «diferenciados en función del grupo» y medidas de «acción afirmativa» dirigidas a compensar las injusticias de hace décadas o siglos… mediante nuevas discriminaciones de signo inverso. Se potencia así una actitud victimista y revanchista en los miembros de las minorías: se les acostumbra a atribuir todos sus problemas y fracasos a una «discriminación» imaginaria, se les anima a exigir reparaciones y tratos de favor, en lugar de confiar en su capacidad para prosperar con su propio esfuerzo. Se potencia también su dependencia respecto del poder público: papá Estado es el redentor que viene a salvar a la minoría supuestamente discriminada, a protegerle frente a una sociedad malvada.

El resultado de todo esto es la tribalización de la sociedad, su fragmentación en grupos que compiten por la condición de «víctimas oficiales», merecedoras de protección y reparación. Naturalmente, el número de tales minorías autocompasivas tiende al infinito: más y más colectivos recordarán o descubrirán que padecen tal o cual intolerable agravio (ya se empieza a hablar de los fumadores, las personas obesas, o los cazadores como nuevos aspirantes al estatus de víctimas de la discriminación). Todo ello redunda en la erosión de la cohesión social: las minorías en cuestión se ven unas a otras como rivales, y por tanto se mirarán con poca simpatía.

Por otra parte, la legislación anti-discriminación contribuye a una paradójica perpetuación del racismo y el sexismo. Martin Luther King dijo: «sueño con un país donde se juzge a las persona, no por el color de su piel, sino por el contenido de su carácter». La ideología anti-discriminación, en la medida en que clasifica a la población en función de criterios raciales, de género, o de orientación sexual a la hora de distribuir derechos entre ellos, contribuye a que todo siga girando en torno a la raza, el sexo o la orientación sexual. Contribuye a que los negros, las mujeres o los homosexuales sigan pensando en sí mismos primordialmente como negros, mujeres u homosexuales, antes que como individuos. La identidad individual es sofocada por la identidad grupal; el antidiscriminacionismo ve a las personas como meros representantes de la tribu correspondiente, antes que como individuos irrepetibles.

Querría plantear finalmente una cuestión más específica relativa a la estrategia a seguir por los católicos: frente a los síntomas crecientes de hostigamiento cristófobo, ¿debemos los católicos sumarnos al juego como una minoría querulante más (creando observatorios sobre intolerancia anti-cristiana, etc.)? ¿O deberíamos, más bien, impugnar la lógica tribal del antidiscrimimacionismo en su misma raíz?

La posibilidad de incorporarnos al coro de «tribus» dolientes se enfrenta a una objeción nada despreciable. La ideología anti-discriminación ha sido interpretada por muchos (por ejemplo, David Quinn o Anthony Browne) como la última metamorfosis del marxismo. La tensión entre dominador y dominado, que Marx declinaba sólo en clave de clase social (burgueses contra obreros), es reformulada por el antidiscriminacionismo neomarxista en clave de género, de raza o de orientación sexual: hombres contra mujeres, heterosexuales contra homosexuales, blancos contra no blancos… La lucha de clases es sustituida por la de sexos, la de razas, etc.

Esto implica que la ideología anti-discriminación, nunca acogerá
neutralmente las reivindicaciones de cualesquiera grupos que se digan
discriminados. El antidiscriminacionismo se basa en una serie de prejuicios
invencibles sobre quiénes son los dominadores y quiénes los dominados. En el subconsciente progresista, los cristianos (igual que los varones, los blancos, las familias «tradicionales», los burgueses, etc.) perteneceremos eternamente, ocurra lo que ocurra, al bando opresor y execrable. El guión de la historia está dado de una vez para siempre: el varón blanco heterosexual cristiano oprime al resto de la humanidad.

Esta mentalidad neomarxista se ve puesta en serios aprietos, por tanto, cuandos los grupos supuestamente discriminados empiezan a chocar entre sí. Por ejemplo, es sabido que en los países nórdicos han aumentado de forma notable las agresiones físicas contra homosexuales; en su gran mayoría, son perpetradas por inmigrantes de países musulmanes. Es un fenómeno que rompe totalmente los esquemas al antidiscriminacionismo neomarxista: ¡no estaba previsto que los «oprimidos» fueran a oprimirse entre sí! El neomarxista no puede hacer otra cosa que negar los hechos, en un ejercicio de wishful thinking. Encontramos un ejemplo espectacular de esta negación voluntarista en el caso de la oleada de ataques antisemitas que siguieron a la Intifada de Al Aqsa en 2000 y 2001: en Francia fueron quemadas sinagogas, apedreados comercios de propiedad judía, y se produjeron numerosas agresiones físicas, que culminaron en el secuestro y muerte entre torturas del joven judío Ilan Halimi. El Centro Europeo de Supervisión del Racismo y la Xenofobia encargó un informe sobre el nuevo antisemitismo a un equipo de sociólogos. Las conclusiones fueron terminantes: los desmanes antisemitas eran cometidos por jóvenes magrebíes. El organismo europeo, alarmado por los resultados, presionó a sus autores para que maquillaran estas conclusiones; los autores se negaron. Entonces el Centro Europeo contra el Racismo y la Xenofobia rechazó el informe, y elaboró otro alternativo, carente de cualquier soporte empírico, que atribuía las agresiones antisemitas a grupos de skinheads y neonazis europeos. Quien desee consultar los detalles de este episodio puede encontrarlos en el libro de Anthony Browne, nada inapropiadamente llamado The Retreat of Reason («La retirada de la razón»).

http://www.paginasdigital.es/v_portal/informacion/informacionver.asp?cod=2275&te=15&idage=4344&vap=0