Madrid, 23 de septiembre de 2009. La noticia ha llegado como un tsunami justo en las primeras semanas del curso escolar: el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León acaba de dictar dos sentencias que reconocen el derecho a objetar al conjunto de asignaturas genéricamente denominadas Educación para la Ciudadanía.

Las sentencias se refieren al conflicto moral e ideológico que implican estas materias escolares para los padres y fundamentan su fallo, entre otros argumentos, en el artículo 27.3 de la Constitución Española según el cual los poderes públicos deberán garantizar el derecho de los padres a educar a sus hijos según sus convicciones.

Concretamente, las sentencias hablan de «la intensa carga ética, moral e ideológica» de EpC, asignaturas que producen «el efecto indeseable de incidir en la privacidad e intimidad de los alumnos en plena fase de formación». Así mismo, el Tribunal castellanoleonés reconoce que EpC pretende «la reconstrucción, no simple construcción, de valores en orden a la influencia en los comportamientos y actitudes, habilidades y destrezas de los menores (no conocimientos) que serán objeto de específica evaluación».

Para Jaime Urcelay, presidente de Profesionales por la Ética, estas sentencias dan un giro inesperado al conflicto creado por las asignaturas de EpC precisamente a principios del curso escolar, es decir, cuando muchos padres están preocupados porque la polémica materia escolar se acaba de implantar en Primaria.

Además, Urcelay ha recordado que el TSJ de Castilla y León tiene pendientes de resolver casi 300 recursos judiciales de padres a los que el gobierno autonómico había negado el derecho a objetar. «En síntesis», explica, «se espera que en las próximas semanas el Tribunal castellanoleonés dicte casi 300 sentencias favorables a los objetores a EpC. Pero además, hay otros tribunales autonómicos que podrían seguir el camino iniciado por el TSJ de Castilla y León.».

Profesionales por la Ética reconoce el éxito de los objetores de Castilla y León y reafirma su compromiso con los derechos de los padres de toda España. «Cuando se está hablando en España de un pacto educativo», concluye Urcelay, «reiteramos nuestra solicitud de entrevista con el ministro de Educación y las consejerías autonómicas. Este conflicto (que ha originado más de 52 000 objeciones de conciencia) puede finalizar si el Gobierno y las administraciones educativas nos dan la oportunidad de sentarnos a hablar».