Se imponen costas desorbitadas en los procedimientos judiciales

Madrid, 25 de noviembre de 2009. Que al Gobierno no le hace ni pizca de gracia que haya objetores a Educación para la Ciudadanía (EpC) es evidente. No hay más que recordar el bochornoso episodio de la ex ministra Mercedes Cabrera felicitándose por el fallo de las sentencias del Tribunal Supremo sobre este asunto media hora antes de que la Sala que debía decidir iniciara sus deliberaciones.

Un nuevo episodio de los obstáculos que el Gobierno pone a los objetores a EpC son las costas o gastos judiciales que los abogados del Estado están imponiendo a los padres objetores en los casos que ya han sido resueltos por el Supremo. Según José Luis Bazán, director de la Asesoría Jurídica de Profesionales por la Ética, es llamativa la cuantía de las costas que, en algunos casos, están siendo de 600 € por procedimiento. «Resulta absolutamente desorbitado el importe», asegura Bazán, porque suelen ser, en este tipo de casos, de 200 €. La imposición de estas elevadas cantidades es contrario a la buena práctica jurídica y deben ser impugnadas porque con ellas pretenden obstaculizar el ejercicio de los derechos de los objetores».

Para Bazán, resulta notorio que el Gobierno está preocupado porque los objetores a EpC no se han detenido y pretende amedrentarle con la cuantía de las costas. Y es que desde septiembre hasta hoy los padres han presentado unos 250 recursos judiciales en Valencia, Toledo y Madrid mientras el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha dictado, en mes y medio, 182 sentencias que eximen a 355alumnos de cursar las polémicas asignaturas.