El conflicto en 5 claves


Madrid, 28 de octubre de 2009. Cuando han transcurrido ya casi dos meses de curso escolar, resulta evidente que el conflicto generado por las asignaturas de Educación para la Ciudadanía (EpC), lejos de haber finalizado, ha cobrado nueva fuerza. En resumen, la situación es la siguiente:

1. Las objeciones a la asignatura siguen aumentando y rondan las 54 000. Estos escritos de objeción corresponden a alumnos que cursan alguna de las asignaturas de EpC y a alumnos que la recibirán en los próximos años. Como ha ocurrido en cursos anteriores, la Administración educativa oculta las cifras de objeción o las encubre.

2. El panorama judicial se ha alterado notablemente. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha notificado, desde el 23 de septiembre, al menos 23 sentencias que reconocen el derecho a objetar a 34 alumnos y quedan unos 250 recursos pendientes de resolver. Además, en Valencia se han presentado los primeros 240 recursos de objetores ante el Tribunal Superior de Justicia y unos padres madrileños han hecho lo mismo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en defensa de su derecho a objetar.

3. Los argumentos jurídicos en defensa de la objeción han dado un vuelco tras las sentencias de Castilla y León. Estas resoluciones se apartan del fallo del Tribunal Supremo en materia de objeción a EpC porque entienden que, en la interpretación de los derechos fundamentales, es vinculante la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y no la del Supremo. Este argumento (jurídicamente impecable) podría ser esgrimido por los Tribunales Superiores de Justicia de Valencia y Madrid para justificar el derecho a objetar a las polémicas asignaturas.

4. Las Administraciones educativas en general no han cumplido las sentencias del Tribunal Supremo en relación con la objeción a EpC. Dichas sentencias advertían que la educación estatal no podía tomar posiciones «sobre problemas sobre los que no existe un generalizado consenso moral en la sociedad española» ni erigirse en árbitro de «las cuestiones morales controvertidas». Solamente la Comunidad Autónoma de Andalucía ha advertido (mediante escrito oficial) a sus centros educativos de las obligaciones que se derivan de las sentencias del Tribunal Supremo.

5. El Ministerio de Educación ha mostrado claramente qué modelo de EpC impone al recomendar como material para estas materias escolares recursos multimedia como Axial, un mundo de valores (con el vídeo del Día del Orgullo Gay como práctica), Sexpresan (explicando el sexo oral y cómo se pone un preservativo) o Los caminos de la felicidad (que invita a los alumnos a cuestionarse qué hace mal la Iglesia católica).

En resumen, como explica Fabián Fernández de Alarcón, secretario general de Profesionales por la Ética, el conflicto de EpC sigue muy vivo. Entre tanto, el ministro de Educación ha hecho guiños a los que se oponen a estas asignaturas, incluidos los objetores, afirmando que se reunirá con ellos, que «escuchará las razones de quienes creen que desde su conciencia deben objetar» o reconociendo que «la invocación de la conciencia es una cosa muy seria» y que está «decidido a encontrar una solución».

Como reconoce Fernández de Alarcón, las declaraciones de Ángel Gabilondo constituyen una novedad y «puede hablarse de un cambio de actitud respecto a sus dos predecesoras. Pero no bastan las declaraciones; los niños siguen sin entrar en clase de EpC (a pesar de las presiones del centro educativo o de los inspectores) y estas asignaturas siguen adoctrinando. El ministro tiene que materializar ya su actitud dialogante y recibir ya a los representantes de los objetores».