Leonor-Tamayo-OSCE-Viena-10-12-2010La agresión que sufren miles de familias españolas a causa de la imposición de las asignaturas de Educación para la Ciudadanía (EpC) ha sido denunciada hoy en la Reunión sobre Libertad de Religión o Creencia organizada por la Organización para la Seguridad y Cooperación Europea (OSCE) en Viena.

En síntesis, Leonor Tamayo, responsable del área internacional de Profesionales por la Ética, ha expuesto que, a diferencia de lo que sucede en el resto de Europa, en España, las asignaturas de EpC son obligatorias y evaluables y están destinadas expresamente (según reconoce el currículo legal) a «formar la conciencia» de los alumnos, introduciéndose en sus valores y en su intimidad personal y familiar.

Ver el vídeo con las declaraciones de Leonor Tamayo

Ver el vídeo Spanish Education for Citizenship (en inglés)

Tamayo ha expuesto en este foro internacional un exhaustivo informe con algunos ejemplos de materiales didácticos de EpC gubernamentales y de editoriales que siguen las directrices del currículo oficial. «La libertad está siendo atacada en España a través de Educación para la Ciudadanía», ha afirmado, «porque cuando un Gobierno impone su propia moral e ideología está discriminando a las personas que no la comparten. Se trata, por tanto, de un asalto a la libertad de religión y de conciencia».

Tamayo ha recordado que los padres españoles han plantado cara a esta agresión y han presentado 55 000 declaraciones de objeción de conciencia para impedir que sus hijos acudan a clases de estas asignaturas. «Su batalla legal ha llegado al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo porque la imposición de Educación para la Ciudadanía en su versión española vulnera 4 tratados internacionales: la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención Europea sobre Derechos Humanos y Derechos Fundamentales, la Convención Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales y los Principios de Viena de la OSCE».

Las conclusiones de la reunión de la OSCE, que ha durado dos días, reiteran el derecho de los padres a educar a sus hijos según sus convicciones morales y religiosas y la obligación de los estados de mantener la neutralidad ideológica en la educación.