OBJECIÓN DE CONCIENCIA A  EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA. PRINCIPALES CONCLUSIONES DE LOS PRONUNCIAMIENTOS JUDICIALES

La polémica desatada con motivo de la introducción, en el sistema educativo español, del conjunto de asignaturas que integran el área de “Educación para la Ciudadanía” se ha traducido en casi 150 resoluciones judiciales, consecuencia de las acciones emprendidas por los padres en defensa de su derecho a elegir la formación moral y religiosa que quieren para sus hijos. Con objeto de ayudar a clarificar la situación, el Área Jurídica de Profesionales por la Ética ofrece en este documento las conclusiones que cabe extraer de los pronunciamientos judiciales habidos hasta la fecha.

1.- Los Tribunales han confirmado que bajo el nombre de “Educación para la Ciudadanía” se agrupan un conjunto de asignaturas, entre las que figura la asignatura de Ética cívica de 4º curso de la ESO. Así se desprende, por ejemplo, de las Sentencias 197/2008 del TSJ de Asturias, de 11 de febrero, en sus Fundamentos de Derecho 1 y 3, 267/2008 del TSJ de Andalucía, de 29 de julio, que en el Fallo señala expresamente que los recurrentes no deben cursar la asignatura “en ninguno de los cursos en que se imparte”, o 627/2008 del TSJ de las Islas Baleares, de 5 de noviembre, que en su Fundamento de Derecho 4º pone de manifiesto cómo Educación para la Ciudadanía “comprende en propiedad tres asignaturas distintas”: Educación para la Ciudadanía y los derechos humanos (“que se imparte en tercer ciclo de Educación Primaria y en uno de los tres primeros cursos de Educación Secundaria Obligatoria”), “Educación Ético-Cívica que se imparte en 4º de ESO”, “Filosofía y Ciudadanía que se imparte en un curso de Bachillerato”.

2.- Los Tribunales, con independencia de si han dado o no la razón a los padres, han confirmado que el contenido de Educación para la Ciudadanía incide en las convicciones morales de los pares y alumnos. Así se desprende de las Sentencias 465/2008 del TSJ de Navarra, de 9 de octubre, en sus Fundamentos de Derecho Sexto y Séptimo, 627/2008 del TSJ de las Islas Baleares, de 5 de noviembre, en sus Fundamentos de Derecho Cuarto y Quinto, la del TSJ de Andalucía que resuelve el Recurso 787/2007, de fecha 4 de marzo de 2008, que en su Fundamento de Derecho Cuarto destaca cómo EPC tiene como finalidad “formar a los nuevos ciudadanos en los valores comunes”, 159/2008 del TSJ de La Rioja, de 8 de julio, que en su Fundamento de Derecho Cuarto admite que los contenidos de EPC “hacen referencia asimismo a la formación moral”, y en concreto la que el art. 27.3 de la Constitución considera que corresponde decidir a los padres.

3.- Todas las Sentencias recaídas hasta la fecha han reconocido que, cuando se ve afectado un derecho fundamental, es posible recurrir a la objeción de conciencia aun cuando no exista regulación legal al respecto. Este reconocimiento del derecho a la objeción de conciencia aparece, como es de esperar, en las Sentencias que han dado la razón a los padres. Así, en la Sentencia del TSJ de Andalucía que resuelve el Recurso 280/2008, de fecha 24 de julio de 2008, podemos leer en el Fundamento de Derecho Tercero que “la ley puede regular el derecho a la objeción de conciencia, pero la falta de regulación, de reconocimiento legislativo, no puede impedir su ejercicio cuando están en juego derechos fundamentales” (en el mismo sentido se expresa este Tribunal en su Sentencia de 4 de marzo de 2008, entre otras muchas). Por su parte, la Sentencia 159/2008 del TSJ de La Rioja, de 8 de julio, es más tajantes, pues en su Fundamento de Derecho Tercero dice que “no es recibo afirmar que fuera de la previsión del art. 30.2 de la Constitución Española (objeción de conciencia para la exención del servicio militar) no cabe la objeción de conciencia”, pues dado que la Constitución pretende establecer “un estatuto completo de la libertad, efectivo por sí mismo, que no necesita de ningún complemento para ser operativa inmediatamente”, debe considerarse que “la objeción de conciencia es un derecho fundamental integrante del derecho fundamental de libertad ideológica”.

Pero es que además, cuando los Tribunales no han amparado a los padres (en algunas ocasiones, por cuestiones procesales relacionadas con la prueba), también han reconocido el derecho a la objeción de conciencia. Así, por ejemplo, en las Sentencias 197/2008 del TSJ de Asturias, de 11 de febrero, en sus Fundamentos de Derecho Cuarto y Quinto, 937/2008 del TSJ de Asturias, de 24 de julio, donde señala que “el derecho a la objeción de conciencia por razones ideológicas o religiosas ha sido admitido por el Tribunal Constitucional” (Fundamento de Derecho Quinto), 627/2008 del TSJ de las Islas Baleares, de 5 de

noviembre, en su Fundamento de Derecho Tercero, que explícitamente resalta que “el propio TC reconoce que la objeción de conciencia es un verdadero derecho constitucional, esté o no regulado cada supuesto por una norma legal”, o la 465/2008 del TSJ de Navarra, de 9 de octubre, que tras repasar en su Fundamento de Derecho Tercero la jurisprudencia constitucional sobre objeción de conciencia concluye que “los motivos de conciencia tienen operatividad ad extra en el ordenamiento”, por lo que existe el derecho a la objeción de conciencia, en el sentido de que “ante un conflicto conciencia-deber jurídico habilita al sujeto a exigir del Estado (de los jueces en concreto) cuando menos su ponderación”, esto es, ver cómo afecta el contenido de la norma que impone dicho deber a la conciencia, pudiendo declararse la exención del mencionado deber jurídico.

4.- Los jueces han reconocido que la escolarización en centros con un ideario compartido por los padres no supone una garantía frente al carácter adoctrinador de Educación para la Ciudadanía. En efecto, el TSJ de Andalucía, en su Sentencia de 29 de julio de 2008, ha recordado en su Fundamento de Derecho Cuarto que “la ley y sus disposiciones de desarrollo no prevén la supresión de la asignatura ni su modificación cuando sea impartida en un centro de determinadas características, en este caso católico. Los objetivos, contenidos y criterios de evaluación son los mismos siempre”. De esta doctrina ha deducido la siguiente consecuencia: “el derecho a objetar a la asignatura no puede depender de que se imparta en un centro público o privado con un ideario definido”.

5.- Los Tribunales han señalado que no se puede imponer en una norma la distinción ética pública – ética privada. Así, la Sentencia del TSJ de La Rioja 159/2008, de 8 de julio, ha recordado que “la Constitución no distingue entre una ética pública y una ética privada”, aparte de que “no puede imponerse una adhesión positiva al sistema constitucional” (Fundamento de Derecho Cuarto).

6.- Las Sentencias que reconocen el derecho a la objeción de conciencia a Educación para la Ciudadanía declaran que los alumnos objetores “no deben cursar la asignatura en ninguno de los cursos que se imparte, quedando exentos de ser evaluados de la misma y apareciendo en sus expedientes como no cursada, sin merma alguna de sus currículos académicos”. Así aparece en los Fallos de las Sentencias del TSJ de Andalucía (de 4 de marzo o de 29 de julio de 2008, entre otras) o del TSJ de La Rioja de 8 de julio de 2008.

 

Madrid, 18 de noviembre de 2008.