Ministra de Sanidad y CISNS Santiago 09122010En apenas 15 días casi 3 000 personas han escrito a la ministra de Sanidad, Leire Pajín para exigirle que respete y garantice la libertad de conciencia salvaguardando el derecho fundamental a la objeción de conciencia frente al aborto y la eutanasia de forma clara y sin matices y sin obstaculizarlo en modo alguno.

La petición se fundamenta en la Resolución 1763 Derecho a la objeción de conciencia en la atención médica aprobada en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa el pasado mes de mayo. La citada Resolución establece , entre otros aspectos, lo siguientes:

  • Ninguna persona, hospital o institución será coaccionada, considerada civilmente responsable o discriminada debido a su rechazo a realizar, autorizar, participar o asistir en la práctica de un aborto, la realización de un aborto involuntario o de emergencia, eutanasia o cualquier otro acto que pueda causar la muerte de un feto humano o un embrión, por cualquier razón.

Además, la Resolución recuerda a los Estados miembros del Consejo de Europa (entre los que se encuentra España) que deben desarrollar marcos legales claros y completos que protejan tanto el derecho a la salud como la libertad ideológica y de conciencia de los profesionales sanitarios.

Para sumarse a las peticiones a Leire Pajín y a los consejeros de Sanidad, Profesionales por la Ética ha habilitado un formulario que puede suscribirse en la siguiente dirección electrónica: http://www.profesionalesetica.org/alerta.php

«Las casi 3.000 personas que han escrito a la ministra de Sanidad», explica Leonor Tamayo, responsable del Área Internacional de Profesionales por la Ética, «han dirigido el mismo mensaje al consejero de Sanidad correspondiente a su Comunidad Autónoma, ya que, aunque el Ministerio sigue manteniendo algunas competencias y la regulación legal básica, las competencias sanitarias están transferidas».

Tamayo confía en que en las próximas semanas las peticiones a Leire Pajín se incrementen, ya que en la práctica se están dando casos de discriminación a profesionales sanitarios por motivos de conciencia, algo que contraviene la Constitución Española y la legislación internacional.