Ante el reto secesionista planteado por la Generalitat de Cataluña al resto de España son necesarias algunas precisiones desde la ética.

La primera es que la iniciativa del gobierno autonómico no responde al bien común de España ni siquiera al bien común de los habitantes de Cataluña. En una sociedad golpeada por la crisis y sus problemas derivados, establecer como prioridad un proceso voluntarista de separación del resto de España, con tan generosa dedicación de recursos públicos, no parece lo más adecuado. A ello debe añadirse que los secesionistas están ocultando las consecuencias que conllevaría la independencia (salida de la UE, aislamiento político, social y económico, etc.) con el único objetivo de vender a los ciudadanos que la secesión es la panacea que les curará de todos sus males.

La segunda reflexión es que los independentistas y nacionalistas manipulan la historia para justificar sus pretensiones. Nunca existió un reino de Cataluña, pero si lo hubiera habido no tendría porque ser mejor o con más derechos que el reino de Asturias o el de León o el de Valencia o el de Murcia. Los procesos que han durado siglos son más complejos que las consignas nacionalistas acuñadas para llevar adelante proyectos artificiales de nación.

La tercera reflexión se refiere a la la unidad (no uniformidad) como un bien para el conjunto de España. Esta idea ha sido repetida por San Juan Pablo II aplicándolo a Italia («Es preciso superar decididamente las tendencias corporativas y los peligros de separatismo con una actitud honrada de amor al bien de la propia nación y con comportamientos de solidaridad renovada»), la Conferencia Episcopal Española («Ninguna de las regiones actualmente existentes, más o menos diferentes, hubiera sido posible tal como es ahora, sin esta antigua unidad espiritual y cultural de todos los pueblos de España»). El propio papa Francisco se refería al proceso independentista catalán con la siguiente afirmación: «la secesión de una nación sin un antecedente de unidad forzosa hay que tomarla con muchas pinzas y analizarla caso por caso».

La cuarta y última reflexión suma igualdad, solidaridad y soberanía. Romper unilateralmente un pacto entre españoles, ahora plasmado en la actual Constitución pero históricamente renovado de múltiples formas, tiene implicaciones económicas (por ejemplo, en la caja de la Seguridad Social, en los impuestos), políticas (fronteras, legislación) y sociales (división, confrontación). Y luego está la soberanía. Los Estados contemporáneos (al menos en Occidente) se caracterizan por fundarse en el principio de soberanía nacional. Esto significa que España es una propiedad indivisa de todos los españoles; igual que en una comunidad de vecinos el del tercero no puede apropiarse del patio común para hacerse un jardín, tampoco una minoría (que ni siquiera es toda Cataluña) puede arrebatar al conjunto un territorio para convertirlo en su finca de recreo.