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Ya son 355 los niños exentos de cursar EpC en la Comunidad Autónoma de Castilla y León. La lamentable gestión y tratamiento de la objeción de conciencia A Educación para la Ciudadanía (EpC) por parte de la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León, no pueden quedar exentas de responsabilidad política; es necesario un cambio en la actitud y en las personas responsables de la Consejería de Educación.

Durante tres largos años, los padres objetores han tratado de conseguir que la Consejería de Educación atendiera su legítima pretensión y articulara una medida que les permitiera hacer efectivo un derecho que tienen reconocido constitucionalmente. Amparados por el sistema de garantías constitucionales que se contemplan en la norma suprema del ordenamiento jurídico español, y ejerciendo el derecho a la libertad ideológica y religiosa (art. 16.1 CE) y el de decidir para sus hijos la educación en valores morales conforme a sus convicciones (art. 27.3 CE), los padres objetores a la materia de EpC, presentaron ante la Junta de Castilla y León objeción de conciencia. La Junta despreció el derecho ejercido por los padres, rechazó la objeción de conciencia e incluso intentó convencerles, a ellos y a la opinión pública en general, de que los decretos autonómicos que desarrollaban la materia, estaban vacíos del contenido adoctrinador, contenido que, sí admitían, quedaba claramente patente en los Reales Decretos del Gobierno de la nación.

Pues bien, una sentencia del TSJ de Castilla y León puso en evidencia a la propia Junta de Castilla y León y precisó que los decretos autonómicos en nada modificaban, mermaban o limitaban los objetivos, contenidos y criterios de evaluación de los reglamentos del gobierno, y que por lo tanto eran en esencia iguales a éstos.

La Consejería de Educación siguió firme en su postura, rechazando la objeción de conciencia de los padres pese a confirmarse por sentencia judicial firme que realmente no había vaciado de contenido adoctrinador la materia de EpC, ni en cuanto a objetivos, ni en cuanto a contenidos ni en cuanto a criterios de evaluación.

El TSJ de Castilla y León ha dictado ya más de 180 sentencias que reconocen, el derecho de los padres “a que sus hijos sean exonerados de cursar las asignaturas conocidas comúnmente como Educación para la Ciudadanía, sin que esta dispensa pueda tener consecuencia negativa alguna a la hora de promocionar de curso y/o obtener los títulos académicos correspondientes”. Además de declarar “La nulidad radical del acto impugnado, por vulneración de los arts. 16 y 27.3 de la Constitución Española de 1978, quedando sin efecto jurídico alguno”, es decir declara la nulidad de la resolución de la Junta de Castilla y León por la que resolvía la denegación o la inadmisión de la objeción de conciencia presentada por los padres objetores a la materia Educación para la ciudadanía.

En los próximos días es de esperar que número de sentencias supere las 250 y que éstas amparen a más de 400 niños Castellano-Leoneses.

Las sentencias dictadas reconocerán, como lo han hecho las hasta ahora notificadas, el derecho a la objeción de conciencia. A estas objeciones ya resultas por el TSJ de Castilla y León habrá que añadir las numeras objeciones que en la actualidad se están presentando ante las distintas delegaciones territoriales de educación.

Las sentencias dictadas por el TSJ de Castilla y León reconocen que “por medio de un reglamento el Estado, a través del sistema educativo, se introduce en la formación dentro del ámbito familiar. Sobre este extremo, entiende este Tribunal que no es admisible la injerencia educativa estatal dentro de esa íntima esfera. Ni siquiera cuando se produzca con la mejor de las intenciones… En definitiva, manifiesta el TSJ: “ Se aprecia el riesgo exorbitante, que los padres no vienen obligados jurídicamente a soportar ni a esperar se cristalice, de invasión, injerencia o inmisión en la esfera de privacidad que el artículo 27.3 CE les reserva en cuanto a la formación religiosa y moral de sus hijos, lo que les hace acreedores del derecho a que éstos se vean dispensados ex artículo 27.3 CE de cursar la asignatura, sin consecuencias desfavorables para ellos.”

Es evidente que quienes tenían potestad jurídica para resolver la grave cuestión planteada por EpC no han tenido capacidad para hacerlo, o al menos les ha faltado voluntad política, lo cual es ciertamente grave, cuando están en juego derechos fundamentales. La Consejería de Educación no ha estado a la altura que se merecen los ciudadanos castellano-leoneses, por todo ello, es necesaria la destitución inmediata de sus responsables -consejero y vice consejero de educación-, a no ser que por dignidad y por responsabilidad política sean ellos mismos quienes cesen.

Francisco José Ramos Vega

Abogado de las Plataformas de padres objetores a EpC de Castilla y León