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Es evidente que ZP, durante estos años, ha pretendido llevar a cabo un proyecto cultural de fondo durante su mandato. Lo que el secretario general del PSOE se propuso desde su llegada al poder fue, utilizando sus propias palabras, un proyecto cultural, ideológico y de valores. Así se lo contó a su hagiógrafo Suso de Toro, en el libro Madera de Zapatero (RBA, 2007):

Si hay algo que caracteriza a esta etapa de gobierno es que hay un proyecto. Precisamente porque hay un proyecto hay una resistencia tan inútil como activa de la derecha más dura, porque saben que hay un proyecto. Se han dado cuenta de que hay un proyecto de alcance en valores culturales, y por tanto ideológicos, que pueden definir la identidad social, histórica, de la España moderna por mucho tiempo.

En este proyecto ideológico se inscribe la disolución de la institución matrimonial (con la reforma del Código civil y el llamado divorcio-express), el estatalismo educativo consagrado en la Ley Orgánica de Educación, la introducción de la una educación estatal en valores morales (Educación para la Ciudadanía) y, más recientemente, la liberalización del aborto, el recorte del derecho de objeción de conciencia y la introducción de una educación sexual obligatoria de corte gubernamental. A ello hay que sumar la libre dispensación, sin límite de edad, de la píldora del día después.

Estas medidas no son estrictamente anticlericales pero afectan a los valores morales (de ahí las críticas de la Iglesia y de buena parte de la sociedad) y a los derechos y libertades fundamentales. En este sentido, el Gobierno de Zapatero ha sido muy ideológico en sus políticas, que no han contado con el consenso de la sociedad aunque haya hecho malabarismos para lograr la mayoría parlamentaria a base de alianzas con partidos minoritarios. No hay que olvidar que la reforma de la ley del aborto ni siquiera estaba en el programa del PSOE.

En este contexto, Zapatero se encuentra en la tesitura de llevar adelante su proyecto de reforma de la ley de Libertad Religiosa, cuyo contenido es todavía incierto. No obstante, ha habido anuncios preocupantes, como lo afirmado por el ministro de Justicia, Caamaño, en el sentido de regular el derecho a la objeción de conciencia. Los expertos en derechos fundamentales advierten que regular este derecho en realidad implica restringirlo porque ya está genéricamente reconocido en la Constitución Española, en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y en Tratados internacionales suscritos por España como el de Lisboa.

Otra tesis es que mientras llega y no llega la Ley de Libertad Religiosa, el Gobierno esté ya deconstruyendo la presencia pública de la religión católica con gestos muy significativos, por decreto o por las bravas: la prohibición de honores militares al Santísimo Sacramento y la destrucción de la Piedad del Valle de los Caídos estarían en esa línea.

Por último, creo que las polémicas sobre el velo y sobre el burka a las que asistimos últimamente pueden ser utilizadas por el Gobierno para equiparar símbolos y atuendos de todas las confesiones religiosas y suprimir de un plumazo tanto el velo musulmán como el crucifijo o el hábito de las monjas. Y si no, al tiempo.

Es muy posible que la nueva Ley de Libertad Religiosa regule la presencia de símbolos religiosos en espacios públicos. Es cierto que España no es un Estado confesional pero la Constitución garantiza unas especiales relaciones entre el Estado y la Iglesia católica y la mayoría de los españoles se siguen considerando culturalmente católicos.  Socialistas muy conocidos como Tierno Galván o Juan Alberto Belloch han considerado que la presencia del crucifijo no ofende sino que pacifíca. Y cuando los españoles se juntan para honrar a sus muertos (véase el 11-M), los símbolos religiosos que dejan son mayoritariamente católicos. Esa es la realidad.

Por otro lado, es evidente que aunque la sociedad española se seculariza progresivamente, el 80% de los alumnos sigue escogiendo voluntariamente la asignatura de religión. En el último año también aumentaron los ingresos de la Iglesia a través de las contribuciones del IRPF, una opción voluntaria. No podemos desconocer tampoco el papel que están desempeñando las instituciones eclesiásticas en el contexto de la crisis económica a través de parroquias, Caritas, instituciones asistenciales…

Teresa García-Noblejas