La inaudita e incoherente decisión del Gobierno de Rajoy de «dar por cerrado el debate» sobre la reforma del matrimonio tras la sentencia del pleno del Tribunal Constitucional del pasado 6 de noviembre difícilmente va a poder ser mantenida. La identidad del matrimonio como institución social básica y el derecho de los niños a un padre y una madre no son cuestiones de las que se pueda prescindir frívolamente en la construcción del bien común de una sociedad que pretenda tener futuro.

Hay algunos hechos, además, de los últimos días que merecen ser considerados a este respecto.

Nos referimos en primer lugar al voto particular del Magistrado Andrés Ollero Tassara respecto a la mencionada sentencia del Tribunal Constitucional, cuyo texto conocíamos el pasado jueves día 15. Se trata de un valioso documento en el que se recogen, con la brillantez característica de su autor, todo el conjunto de argumentos que hacen rechazable en nuestro sistema constitucional la equiparación legal al matrimonio de las uniones homosexuales. Desde el «predominante radicalismo individualista»  –expone Ollero–,  la sentencia pretende amparar la modificación del matrimonio mismo, violentando así el sentido propio de las palabras del art. 32 de la Constitución Española en favor de una supuesta «interpretación evolutiva» del texto, avalada por una pretendida y nada jurídica «presión social».

El segundo hecho al que queremos hacer referencia aquí es el de las manifestaciones populares celebradas el pasado fin de semana en Francia en rechazo del proyecto de ley del socialista Hollande, presentado en consejo de ministros el 7 de noviembre y que será sometido a debate el próximo mes de enero. Los términos de la reforma son similares a los utilizados por Zapatero en España en el 2005. Tal y como informaba el pasado sábado el diario El Mundo, «no sólo París, otra decena de ciudades francesas se unieron al grito contra la ley promovida por el Gobierno socialista. Las protestas se sucedieron en Rennes, Metz, Nantes, Dijon, Bordeaux, Marsella o Toulouse». El domingo una nueva manifestación multidinaria recorría las calles de París en defensa del matrimonio natural.

Las reacciones a esta movilización cívica en Francia no se han hecho esperar. Apenas 48 horas después, el pasado martes, el presidente Hollande aseguraba en París ante el congreso de la Asociación de Alcaldes de Francia (AMF) que la nueva ley respetará la libertad de conciencia de quienes se nieguen a «casar» a parejas del mismo sexo. Según la noticia recogida por La Razón, el presidente francés afirmó que «los alcaldes son representantes del Estado y, si la ley es aprobada, deberán aplicarla. Pero existen posibilidades de delegación y que pueden ser ampliadas. Y está la libertad de conciencia». Explicó que el Estado debe respetar «el laicismo y la igualdad», pero precisó que «la ley se aplicará a todos en el respeto de la libertad de conciencia».

Debe recordarse a este propósito que a principios del presente mes de noviembre quince mil cargos públicos franceses expresaron su apoyo al Colectivo de los Alcaldes por la Infancia, movilizados también contra el proyecto de ley sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo y contra la autorización de adoptar niños.

Finalmente, no puede pasar desapercibida la firmeza expresada por los Obispos españoles en la nota hecha pública ayer al finalizar su C Asamblea Plenaria. En ella recuerdan que «la actual legislación española referente al matrimonio es gravemente injusta. Lo es porque no reconoce netamente la institución del matrimonio en su especificidad, y no protege el derecho de los contrayentes a ser reconocidos en el ordenamiento jurídico como “esposo” y “esposa”; ni garantiza el derecho de los niños y de los jóvenes a ser educados como “esposos” y “esposas” del futuro; ni el derecho de los niños a disfrutar de un padre y de una madre en el seno de una familia estable. No son leyes justas las que no reconocen ni protegen estos derechos tan básicos sin restricción alguna. Por eso, es urgente la reforma de nuestra legislación sobre el matrimonio».

La Conferencia Episcopal renueva asimismo su «llamada a los políticos para que asuman su responsabilidad. La recta razón –afirma la nota–  exige que, en esta materia tan decisiva todos actúen de acuerdo con su conciencia, más allá de cualquier disciplina de partido. Nadie puede refrendar con su voto leyes que dañan tan gravemente las estructuras básicas de la sociedad. Los católicos, en particular, deben tener presente que, como servidores del bien común, han de ser también coherentes con su fe».

El Partido Popular haría bien en tomar buena nota de lo que está ocurriendo y de las consecuencias que puede tener la consolidación, por su pasividad, de la reingeniería social de Zapatero en una cuestión tan sustantiva. También en política, rectificar es de sabios…

Ver el vídeo de la manifestación de París del 17 de noviembre.

Leer también en el blog de Profesionales por la Ética «Argumentos adicionales contra la sentencia del TC que pone fin al matrimonio» de Enrique Díez Coelho.