En estos tiempos de igualitarismo exacerbado llama la atención que se siga intentando discriminar a los católicos privándonos, de hecho, del libre y pleno ejercicio de la ciudadanía.

Vean, si no, lo que escribió ayer en portada de El País Juan G. Bedoya en una información que tiene por titular «Carlos Osoro, Arzobispo de Madrid. “El papa Francisco está armando la que había que armar”»:

Carlos Osoro, el hombre elegido por el papa Francisco para liderar en España la primavera eclesiástica, escenificó ayer su primer golpe de mano al frente de la archidiócesis de Madrid. Cada año por estas fechas, desde el 2007, su predecesor, el cardenal Antonio María Rouco, reunía en la plaza de Colón a cientos de miles de fieles en manifestación contra el Gobierno de turno, con la pretensión de imponer la moral católica al resto de la sociedad. La disculpa era la Jornada de la Familia con motivo de la Navidad. Osoro, en el cargo desde hace apenas dos meses, ha suprimido aquella manifestación y la ha sustituido por una jornada diocesana de oración y bendiciones.

En una nominal democracia pluralista como es la española, cualquier ciudadano puede expresar sus propias ideas sobre cómo conviene organizar nuestra convivencia, lo que inevitablemente tiene siempre un presupuesto o raíz moral del tipo que sea. Cualquiera menos los ciudadanos católicos, ya que si expresamos públicamente lo que pensamos tenemos “la pretensión de imponer la moral católica al resto de la sociedad”. Es un axioma que solo se nos aplica a nosotros y que, por lo visto, no admite prueba en contrario. No importa que expresemos nuestras ideas de forma respetuosa, pacífica y propositiva… o que seamos “cientos de miles”. Da igual. Nosotros, para algunos, tenemos recortados nuestros derechos ciudadanos no se sabe muy bien por qué extraña regla de tres.

No juzgo la decisión del Cardenal Rouco de convocar en su día la Jornada de las Familias en la Plaza de Colón, ni la de su sucesor, Monseñor Osoro, de reconducir ahora la celebración de la Fiesta de la Sagrada Familia a la Catedral de la Almudena. Pero sí me da la impresión, al margen de esas decisiones concretas, de que, repetido como si un mantra se tratase, el eslogan “los-católicos-pretendemos-imponer-la-moral-católica-al-resto-de-la-sociedad” ha calado también en un sector de católicos, convencidos ya de que su fe, su experiencia cristiana, es un “asunto privado” (que no es precisamente lo mismo que un “asunto personal”) cuya única expresión social queda reservada a las sacristías.

Creo que la cuestión es importante y que conviene deshacer cuanto antes este nudo.

Es importante, en primer lugar, en un plano estrictamente civil. Ningún ciudadano puede ser discriminado por sus creencias religiosas y, además, la sociedad en su conjunto –creyente o no- tiene derecho a escuchar y recibir, en libertad, las propuestas de los católicos para el bien común, aunque solo fuera por coherencia con los presupuestos culturales más básicos de nuestra convivencia.  Una vez más: los católicos somos ciudadanos de pleno derecho que tenemos mucho que aportar para la construcción de un orden de convivencia justo basado en la dignidad de la persona. Dicho de otra forma, el mundo necesita de nuestra esperanza.

Y deshacer este nudo nos apremia también en un plano de fe. Reducir la experiencia de Dios en nuestra vida a lo privado representa, de algún modo, ignorar la naturaleza social del hombre y hacer estéril nuestra fe al mutilarla de su formidable fuerza iluminadora y transformadora de nuestro caminar en esta tierra, necesariamente en convivencia con todos los hombres. En cierto sentido está en juego –si se me permite la expresión- la supervivencia misma de nuestra fe.

Jaime Urcelay

http://jaimeurcelay.me/