EL FUNCIONARIO QUE OBSTACULICE LAS OBJECIONES A CIUDADANÍA PUEDE INCURRIR EN DELITO PENAL

Madrid, 8 de octubre de 2008.  La Plataformas  «Toledo educa en libertad» y «¿Xq te callas?» y la Asociación Educación y Persona (entidades promotoras a la objeción de conciencia a las asignaturas a Educación para la Ciudadanía en Toledo) han denunciado que un inspector de educación ha obligado a siete alumnos objetores (cuatro de 2º de ESO y  tres de 4º de ESO) a Ciudadanía a entrar en clase.
La declaración de objeción de conciencia por parte de los padres implica que los alumnos no entran a clase de estas materias. Todo marchaba perfectamente en el IES de Yepes (Toledo) en el que se han producido los hechos; durante los primeros días de curso el centro habilitó una sala para uso de los alumnos objetores, sin que hubiera problema alguno por parte de ningún trabajador del centro. Solo cuando el inspector de Educación visitó el centro, el director recibió la orden tajante de obligar a los alumnos objetores a pasar a clase.

Ante estos gravísimos hechos, PROFESIONALES POR LA ÉTICA recuerda que el funcionario público que impida a los objetores ejercer su derecho, incurre en delito (artículo 542 del Código Penal) y podrá ser inhabilitado para empleo o cargo público por tiempo de uno a cuatro años. Además, hay que recordar que el funcionario público que amenaza o presiona a los objetores o a sus hijos viola la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Reguladora del Procedimiento Administrativo Común y conculca los derechos constitucionales de los padres, amparados por la Carta Magna y las Sentencias 53/1985 y 15/1982 del Tribunal Constitucional además de otras sentencias del Tribunal Supremo.
 
En toda España se han dictado 123 fallos judiciales (sentencias y Autos estimando medidas cautelares) que amparan a los objetores a las asignaturas del Área de Educación para la Ciudadanía (Educación para la Ciudadanía de 2º ó 3º de ESO, Educación Ético-Cívica de 4º de ESO y Filosofía y Ciudadanía de 1º de Bachillerato). En Castilla-La Mancha (concretamente en Albacete, Cuenca y Toledo) se han emitido 5 Autos de medidas cautelares que eximen a casi 100 objetores a asistir a clase de alguna de las asignaturas de Educación para la Ciudadanía.
 
Castilla-La Mancha es una de las comunidades con mayor número de objetores a Ciudadanía, ya que a principios del presente curso se habían presentado 9 049 declaraciones de objeción.