Haas vs SwitzerlandEl pasado 20 de enero el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con sede en Estrasburgo, ha dictado la esperada sentencia en el caso  Haas vs. Suiza (recurso no 31322/07) sobre el supuesto «derecho» al suicidio asistido.

La cuestión en litigio era, como ha explicado el propio Tribunal, «si en virtud del derecho al respeto de la vida privada, el Estado debiera haber garantizado que un hombre enfermo con voluntad de suicidarse pudiese obtener una sustancia letal (pentobarbital sódico) sin necesidad de prescripción médica (…), de tal modo que pudiese acabar con su vida sin dolor y sin riesgo de fallar». La Corte europea ha respondido unánimemente de manera negativa, para lo cual se apoya en el art. 2 de la Convención que obliga a los Estados a proteger la vida.

Aunque el Tribunal parece admitir un cierto -y totalmente discutible- derecho de autodeterminación sobre la propia muerte, deniega la existencia de un derecho al suicidio derivado de la Convención Europea y garantizado por el Estado. Como ha destacado Grégor Puppinck, Director del European Center for Law and Justice (ECLJ) ‘esta sentencia confirma que no se puede apelar a la Convención para reclamar un supuesto derecho a la eutanasia o al suicidio asistido’.

Leer la nota de prensa completa del ECJ sobre la sentencia del caso Haas vs. Suiza (en inglés).

Leer el texto íntegro de la sentencia del TEDH del caso Haas vs. Suiza (20/01/2011) (en francés).

La Corte argumenta que la Convención debe ser interpretada de forma global y que por tanto es preciso referirse a su art. 2, que protege el derecho a la vida. El respeto de este derecho exige a las autoridades nacionales a prevenir que alguien ponga fin a su vida si esta decisión no se toma libremente y con plena conciencia.

ECHRAsí mismo, llama la atención sobre los riesgos que se derivarían de un sistema que facilitase el suicidio asistido y concluye que las restricciones impuestas por Suiza  -Estado demandado-  para el acceso a la sustancia letal que reclamaba el demandante tiene como propósito proteger la salud pública y prevenir el crimen.

A pesar del muy cuestionable reconocimiento de un cierto «derecho» al suicicio  en base a un peculiar y discutible derecho a la vida privada, el Tribunal de Estrasburgo no acepta las alegaciones del demandante en virtud de las cuales el Estado tendría una obligación positiva de tomar medidas para admitir un suicidio rápido y sin dolor. Por el contrario y sobre la base del art. 2 de la Convención que garantiza el derecho a la vida, el Estado debe asegurar la protección de la vida de las personas bajo su jurisdicción. Incluso en paises donde el suicidio esta permitido  -como es el caso de Suiza-  el Estado debe prevenir el abuso de esta facultad por su obligación de proteger la vida.