Esta semana es crucial para el trámite final de la reforma educativa del Gobierno. Pero todavía quedan flecos e incógnitas que pueden dar al traste con la libertad educativa que la Constitución Española garantiza a los padres como últimos titulares del derecho a la educación.

A juicio de Profesionales por la Ética, los derechos de los padres tienen que estar garantizados en la LOMCE en los siguientes aspectos:

  •  La situación de los miles de alumnos que han objetado a Educación para la Ciudadanía debe ser normalizada académicamente, de manera que ningún alumno se vea perjudicado (para obtener una beca o acceder a una carrera) por haber objetado a esta adoctrinadora asignatura. El Ministerio de Educación ha recibido una propuesta técnica que resuelve la situación de los estudiantes objetores.
  •  La libertad lingüística debe estar reconocida y aplicada de manera eficaz, sin trampas ni presiones a los padres o a los menores. Nadie puede ser discriminado o presionado por elegir el castellano como lengua de aprendizaje para sus hijos, tal como establece la Constitución y la jurisprudencia.
  •  La educación diferenciada es una opción pedagógica que se aplica en numerosos países de nuestro entorno. Los padres que la elijan deben ser respetados por los poderes públicos, que deberán permitir acceder a esta modalidad educativa en igualdad de condiciones respecto al rest de ciudadanos.

Como indica Jaime Urcelay, presidente de Profesionales por la Ética, «la reforma educativa es cuestión de calidad pero, sobre todo, de libertad. Sin estos 3 puntos la LOMCE nacerá coja de alguna pata. Estamos a tiempo de impulsarla».