Médicos de DMD suministraron fármacos a un enfermo

para acabar con su vida

 

Madrid, 6 de marzo de 2014. El pasado 9 de febrero el diario El País publicaba un reportaje sobre la muerte de José Luis Sagües, un enfermo que deseaba acabar con su vida. Siempre siguiendo al citado diario, médicos de la asociación Derecho a Morir Dignamente le suministraron un tratamiento que acabó con su vida el 27 de enero pasado.

Sin entrar a juzgar los motivos por los que el Sr. Sagües deseaba poner fin a su vida, lo cierto es que, según el reportaje, el citado ciudadano estaba atendido por un servicio de Cuidados Paliativos que se negó a suministrar al paciente la dosis necesaria para acabar con su vida.

A la vista de los hechos, la asociación Profesionales por la Ética ha solicitado al Fiscal General del Estado que investigue y, en su caso, inste, ante la instancia judicial, y en todos los procedimientos en los que actúe en defensa del interés general, y de la legalidad vigente:

  •  La correspondiente querella criminal por un delito de cooperación al suicidio contra la Asociación “Derecho a Morir Dignamente” y sus integrantes.
  • La ilegalización de dicha asociación, habida cuenta de que el art. 520 del Código Penal ordena a los Jueces o Tribunales que acuerden la disolución de las asociaciones ilícitas, considerándose tales, entre otras y de acuerdo con el art. 515 del mismo texto legal, las asociaciones que, después de constituidas, promuevan la comisión de algún delito.

Como afirma Carlos Álvarez, portavoz de VidaDigna, iniciativa de Profesionales por la Ética para prevenir la eutanasia, «el Código Penal castiga la inducción al suicidio, el auxilio al mismo, que puede implicar ayuda tanto necesaria como accesoria, y tanto activa como pasiva, que requiere, en todo caso, el consentimiento del auxiliado y que puede obedecer a supuestos móviles altruistas o morales -piedad, respeto, afecto o sumisión- pero también a móviles abyectos, y el auxilio hasta el punto de ejecutar el mismo la muerte, al que la doctrina denomina homicidio – suicidio, homicidio consensual, homicidio consentido, auxilio ejecutivo al suicidio o, finalmente, homicidio concertado con la víctima que desea morir».

«Más allá de la legalidad», explica Carlos Álvarez, «es necesario trasladar a la opinión pública que el enfermo, discapacitado o anciano merece ser atendido y cuidado y en ningún caso descartado o matado. Es preciso evitar el sufrimiento y paliar dolores pero existen muchos medios de hacerlo sin acabar con la vida de las personas. De lo contrario, todos peligramos en cuanto dejemos de ser útiles».

Profesionales por la Ética recuerda que varios miembros de la asociación Derecho a Morir Dignamente (AFDMD), presidida por el doctor Luis Montes, están siendo investigados por la muerte de una mujer en un hotel de Avilés en mayo de 2012. La AFDMD tiene entre sus fines asesorar a los ciudadanos sobre la «muerte digna» (eufemismo de eutanasia) y el suicidio asistido así como la atención personalizada al socio a final de su vida, invitándoles por ejemplo a solicitar la eutanasia activa en caso de padecer alguna enfermedad o situación que le haga dependiente de los demás.

Derecho a Morir Dignamente asesoró también a la familia de la anciana Ramona Estevez; está mujer, ingresada a causa de un infarto cerebral,  fue privada de alimentación a petición de la familia y por orden de la Junta de Andalucía, que aplicó así Ley de Derechos y Garantías de la Dignidad de la Persona en el proceso de la muerte. Ramona murió después de estar 15 días sin comer.

VIDA digna es un grupo interdisciplinar promovido por Profesionales por la Ética y forma parte de la Coalición europea para prevenir la eutanasia promovida por Care not killing (Reino Unido), Not dead yet (Ireland), Alliance Vita (Francia), Human LIfe Internationa, Hil Helpers Europe (Austria), Euthanasia Prevention Coalition (Reino Unido) y tiene como fin trabajar para salvaguardar la vida de los más débiles, especialmente en el proceso final de su existencia.