Comunicado el fallo de la sentencia del Tribunal Supremo que niega el derecho a la objeción de conciencia frente a Educación para la ciudadanía, sin que aún se haya hecho pública aquélla, no cabe hacer sino especulaciones sobre la virtualidad que, sin duda, otorgará al derecho de los padres a la educación moral de sus hijos, por exigencia del Artículo 27.3 de la Constitución. La sentencia afecta directamente a cuatro familias (tres asturianas y una andaluza), aunque sienta criterio que tendrá efecto sobre los cerca de 1.800 procesos pendientes de resolución.

Sin embargo, el no reconocimiento del derecho a la objeción de conciencia no puede suponer la ausencia de límites al adoctrinamiento moral y político en el que consiste Educación para la ciudadanía. Así lo exigen tanto la jurisprudencia constitucional como la del Tribunal de Estrasburgo. La objeción de conciencia es uno de los posibles caminos “procesales” para la defensa de la libertad educativa de los padres. Pero negar un camino no significa negar la posibilidad de caminar. El Tribunal Supremo ha diferido la resolución definitiva del problema derivado de la incívica “Educación para la ciudadanía”. Si, como parece, reconoce el derecho a no ser adoctrinado, los padres defenderán caso por caso, centro por centro, tal derecho, y los pleitos, sin duda alguna, se multiplicarán.

 

José Luis Bazán (publicado en Semanario Alba 6-2-09)