Roger KiskaTal y como publicamos el pasado jueves en esta misma página, el 14 de marzo la Alliance Defense Fund (ADF) denunciaba en Viena ante la Agencia Europea de Derechos Fundamentales (FRA) la violación de los derechos fundamentales de los padres en Europa.

Mientras Miguel Gómez de Aguero, presidente de Profesionales por la Etica en Andalucía, ponía sobre la mesa la Educación para la Ciudadanía española, Roger Kiska (en la imagen), responsable del desarrollo de ADF para Europa, denunciaba la escasa atención y prioridad que reciben las demandas interpuestas ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) relativas a los derechos de los padres y, en general, las relacionadas con la libertad de conciencia, de religión y de pensamiento. Las razones del postergamiento de estas demandas, denuncio Kistka, son la alta politización de  la Corte de Estrasburgo y factores relacionados con su estructura interna y  funcionamiento.

Kistka pidió ante la Agencia Europea de Derechos Fundamentales que se de mayor importancia y prioridad a los cada vez más frecuentes casos de violación de derechos de los padres o de discriminación religiosa.

Por su alto interés para el contexto europeo y para los conflictos a los que estamos asistiendo en España, reproducimos a continuación la intervención integra de Roger Kiska ante la Asamblea de la FRA, traducida al español.

Download «Roger Kiska, from ADF, claims at the European Union Agency For Fundamental Rights (FRA) priority to cases related to parental rights» (english version).

INTERVENCIÓN DE ROGER KISTKA, REPRESENTANTE DE ALLIANCE DEFENSE FUND, EN LA 4ª REUNIÓN DE LA AGENCIA EUROPEA DE DERECHOS FUNDAMENTALES (FRA), VIENA, 14/04/2011

Es un placer estar aquí hoy para hablar de los derechos de los padres y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.  Alliance Defense Fund es una entidad jurídica acreditada no sólo en la Agencia de Derechos fundamentales sino también en las Naciones Unidas, en la OSCE y en el Parlamento Europeo. Somos un consorcio de abogados y colaboradores, un total de 1.500 en términos globales, que trabajamos en la defensa de la libertad religiosa. Mi principal responsabilidad es el litigio ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, gran parte del cual ha estado dirigido a la defensa de los derechos de los padres.

Mientras que Miguel Gómez de Agüero se centrará en un caso español -de gran magnitud- sobre una asignatura que ha sido llevado ante en Tribunal por la asociación española Profesionales por la Ética y en el que él es demandante y ADF asesora, yo trataré los problemas a los que se enfrentan los derechos de los padres en la Corte europea debido a la falta de prioridad que se les da en comparación con otros asuntos de mayores implicaciones políticas.

Tal y como muchos observadores en el Tribunal han detectado ya, especialmente en el reciente caso Lautsi vs. Italia (conocido como el caso italiano de los crucifijos), la Corte se ha politizado enormemente. Este caso es un ejemplo clarísimo. Una sección de la Corte determinó hace un año, por 7 votos a 0, que los crucifijos en las escuelas públicas violaban la Convención Europea de Derechos Humanos. La Convención es el documento fundacional del Consejo de Europa que debe ser incorporado en las leyes nacionales de los 47 países miembros. En la apelación por los mismos hechos, la Gran Sala formada por los 17 jueces sostuvo por 15 votos a 2 que Italia no violaba la Convención por tener crucifijos en las escuelas. El mismo caso, el mismo Tribunal, los mismos hechos… pero la decisión varió de 7-0 a 15-2 a favor de Italia. Es difícil decir que no había intereses políticos mezclados en estas decisiones.
ADF representó a 33 estados miembros a favor de Italia en este caso.

Con el factor político así incrustado en la Corte, tres factores más han impedido que el Tribunal Europeo se mantenga imparcial y justo. El primero es la regla 41 del procediniento del Tribunal. Esta regla establece que el orden en el tratamiento de los casos se deben tratar siguiendo unos criterios específicos, a no ser que una sección en particular o el Presidente prescindan de estos criterios para dar prioridad a un caso. Lo que define esta regla es básicamente contradictorio. Por un lado dice que los casos serán tratados siguiendo unos criterios específicos de orden y por otro que el orden puede ser modificado en cualquier momento a voluntad de la sección. No hay ningún criterio que regule las implicaciones o los motivos para estas modificaciones. Como resultado de esta falta de criterio, se ha dado mayor prioridad a los casos considerados como de mayor rédito o interés político y se han puesto los casos de libertad religiosa y derechos de los padres al final de la cola.

Daré algunos ejemplos concretos: he sido el defensor en un asunto que llegó a tener cierta publicidad debido a lo llamativo del caso. Una familia alemana que había estado educando en casa a su hija de 15 años porque consideraban que era la mejor manera de desarrollar sus capacidades. Por este motivo los padres fueron multados y a la niña la ingresaron en una institución para enfermos mentales durante varios meses por padecer “fobia a la escuela”. La Corte de Estrasburgo tardó cuatro años sólo para responder a nuestra demanda arguyendo que no veían, en ese caso, violación de la Convención.

En otro caso, defendíamos a una familia a la que le habían arrebatado a su hijo cuando se encontraban a bordo de un avión en el que se dirigían a la India donde iban a trabajar en orfanatos. Simplemente el hijo había sido educado en casa y tardaron casi un año en registrar el caso,algo que no suele tardar más que unas semanas. El Tribunal también ignoró nuestras apelaciones de urgencia, algo a lo que suelen responder en dos o tres días.

Un último ejemplo: tenemos 5 casos de 10 padres encarcelados por el gobierno alemán por negarse a que sus hijos asistan a las clases obligatorias de educación sexual. Las condenas llegan a ser de hasta 43 días en prisión y la mayor parte de los padres están cumpliendo su segunda condena en la cárcel por mantener su negativa a que el colegio les sustituya en una tarea educativa que consideran suya. Mientras estos padres continúan siendo encarcelados, el TEDH lleva más de un año para responder a su demanda.

Todos estos casos tienen una cosa en común (al igual que el caso español que expondremos ahora): todos tienen un componente de libertad de pensamiento, de conciencia y de religión.

Por el contrario, un caso de aborto que no había agotado la vía interna ni aportaba pruebas evidentes fue aceptado por el Tribunal y se le concedió prioridad en la Gran Sala en menos de un año. Los casos de eutanasia, matrimonio homosexual y adopción por homosexuales son los que tienen mayor prioridad y todos ellos han tenido también audiencias orales. Con excepción del caso Lautsi, no conozco ningún otro caso de libertad religiosa o derechos de los padres que haya tenido una audiencia oral.

El segundo factor es también, desgraciadamente, un fortaleza y es la adopción del nuevo protocolo que acelera los procesos. Por lo tanto, en lugar de ser tres los jueces que revisan el caso para su  admisión a trámite, es sólo uno. Y tal y como ha quedado demostrado en el caso Lautsi, debido al elevado número de jueces condicionados ideológicamente, el tener un solo juez decidiendo el destino de una demanda (especialmente en los casos de derechos d elos padres o discriminación contra los cristianos) es como jugar a la ruleta rusa.

El tercer problema es la estructura interna del Tribunal. Estudiantes de derecho o abogados que son nuevos en la profesión son responsables de la tramitación de las demandas. Suelen ser becarios que resumen las demandas en un folio con su opinión sobre la conveniencia o no de aceptarlas a trámite. Es decir que, básicamente, lo único que los jueces ven de cada caso es una interpretación de un folio hecha por un becario sin experiencia y sin un gran conocimiento de las leyes aplicables a unas cuestiones de una alta complejidad técnica.

Resulta interesante que mientras que a los casos políticamente más liberales se les ha dado esta prioridad y esta relevancia en el Tribunal, la tendencia general es al aumento exponencial de demandas sobre derechos de los padres desde todos los puntos de Europa.  Y más interesante aún es la radicalidad de los casos que llegan incluso al encarcelamiento de los padres o la internamiento de los niños en residencias psiquiátricas. Quiera o no quiera, el Tribunal tendrá que juzgar estos casos antes o después.

Como experto en este tema, recomiendo a la Agencia Europea de Derechos Fundamentales que dé a los derechos de los padres y a la discriminación contra los cristianos mayor importancia y prioridad de la que otorga el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.