Hace varios años, conversando con unas alumnas de bachillerato (16-17 años) descubrí que el consumo de la «píldora del día después», por aquel tiempo recién abierta a la expedición sin receta, estaba a la orden del día.

Las alumnas discutían sobre si eran mala o no: una decía que mataba y otra decía que una amiga suya la había tomado ya varias veces y no se había muerto.

Contaban que, al parecer, la primera vez te la daban gratis en los servicios sociales del Ayuntamiento, pero la segunda vez que la solicitabas, si eras menor, avisaban a tus padres, lo que te obligaba a comprarla en una farmacia. Les parecía fatal porque costaba 20 euros.

Para ellas el problema no era la receta, ni las contraindicaciones del fármaco, sino el precio.

Para mí, el problema era la ausencia absoluta de información que mostraban sobre los perjuicios que las dosis altas y continuadas de levonorgestrel podía causarles, el desconocimiento de miles de padres sobre el abuso que, de ese medicamento, estaban haciendo sus hijas.

Para mí, el problema era la desorientación sobre los riesgos que producía el hecho de obtenerlo tan fácilmente, la posibilidad de obtener, sin cortapisa ninguna, una sustancia cuyo prospecto indica una elevadísima cantidad de contraindicaciones y efectos secundarios.

Para mí, el problema era la imposiblidad de evitar el abuso y la inexistencia de seguimiento y estudios sobre las consecuencias de ese abuso.

Para mí, el problema era la preeminencia de la ideología política sobre la salud.

Hace poco ha vuelto a surgir con mis alumnas, otras diferentes pero de la misma edad (16-17 años) el mismo tema pero varios años después. El panorama era, no por previsible, menos desolador: tienen amigas que la consumen todos los meses, incluso varias veces al mes, exactamente detrás de cada coito sin precauciones para evitar «consecuencias», como anticonceptivo puntual. Sin saber el funcionamiento, sin conciencia de riesgo porque lo dan sin receta, porque lo han tomado muchas veces «y no se han muerto»…

No me cabe la menor duda de que esta decisión política va a tener consecuencias graves sobre la salud de la población en general y de la más vulnerable, las adolescentes, en particular.

Creo que, en algunos años, esta juventud engañada va a pagar con su salud, al igual que la juventud de los años 80 esquilmada por la droga, una irresponsable decisión política que ha puesto en sus manos, sin información y sin cortapisas, una sustancia en absoluto inocua y saludable.

Yo acuso. Y creo que la sociedad civil debería pedir responsabilidades a quienes han propiciado este dislate.

Alicia V. Rubio Calle