La religión, la creencia en un Dios personal, en una vida más allá de la muerte, en una concepción determinada de la existencia y del ser humano inciden decisivamente en el la vida individual y en la vida de la familia. Es legítimo y nadie discute, al menos en los países democráticos, que las personas y las familias practiquen su religión en privado, ya sea en la propia casa, en templos o lugares de culto.

Sin embargo, son cada vez más frecuentes en Europa occidental (y España no es una excepción) los intentos de cercenar el derecho de las familias a educar a sus hijos. Lo cual supone una vulneración del derecho fundamental a la libertad religiosa y de conciencia de las personas y de las sociedades, en este caso de la familia como comunidad.

El derecho internacional y nacional español, sin embargo, garantizan la libertad religiosa. Así, la Declaración Universal de Derechos Humanos incluye en su artículo 18 el derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión y la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, incluida la enseñanza.

En un sentido similar se pronuncia la Carta de Derechos Fundamentales de la UE al reconocer la libertad de manifestar la religión o sus convicciones individual o colectivamente, en público o en privado a través de la enseñanza.

En España, la Constitución garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades sin más limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley. Y además, se establece que los poderes públicos garanticen el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.

No quiero aportar más citas jurídicas, solo decir que la enseñanza religiosa en la escuela también está garantizada por la Ley de Libertad Religiosa actualmente vigente así como por los acuerdos suscritos entre el Estado español y la Santa Sede, por una parte, y por las entidades que representan a evangélicos, judíos y musulmanes, por otra.

En el debate social sobre la nueva ley educativa, conocida como LOMCE, musulmanes, judíos y evangélicos valoraron la presencia de la enseñanza religiosa en la escuela pública advirtiendo que, de no ofertarse la enseñanza de las distintas confesiones, o de impartirse fuera del horario escolar, se vulneraría un derecho fundamental recogido en la Constitución española.

Por tanto, la religión, además de ser un valor en el seno de la familia, tiene jurídicamente garantizada su enseñanza, de acuerdo con la voluntad de los padres, en la escuela pública o en la de iniciativa social.

Por cierto, que la presencia de la religión en la enseñanza pública no es una anomalía de España; en Reino Unido existe una asignatura obligatoria de educación religiosa que reciben los alumnos desde los 5 hasta los 18 años, si bien se puede solicitar la exención. En Finlandia la asignatura de religión es obligatoria e incluye el conocimiento de la propia confesión religiosa y algunas nociones sobre otros credos. En Alemania se puede cursar Religión o una asignatura alternativa de Valores éticos. Y algo similar sucede en la mayoría de países europeos.

Digo esto porque muchas familias que profesan una determinada religión ejercen también el derecho a que en la escuela sus hijos reciban esa formación. Un 68,8% de los españoles se declara católico y un 1,9 % creyente de otra religión frente al 16, 4% de no creyentes y al 9,7% de ateos. Pero no podemos olvidar que existe un laicismo que pretende expulsar el hecho religioso del espacio público y recluirlo al ámbito privado, por ejemplo a la familia.

Todos hemos oído o leído el slogan «religión fuera de la escuela», especialmente en el debate sobre la reforma educativa. Y de manera recurrente, algunas fuerzas políticas intentan introducir leyes que, con el pretexto de regular la libertad religiosa lo que pretenden es recortarla. Es el caso de la proposición de ley de libertad ideológica, religiosa y de culto presentada por Entesa pel Progrès de Catalunya el año pasado, que no prosperó pero que, con otra distribución de fuerzas políticas, se convertiría en ley. La proposición abogaba por la derogación de la actual Ley Orgánica de Libertad Religiosa y la supresión de los acuerdos firmados por el Estado con la Iglesia católica y con el resto de confesiones religiosas. Pero aún llegaba a más: la proposición de ley establecía que los menores no podrían recibir ninguna formación religiosa, ni siquiera en el ámbito familiar si no lo deseaban o resultaba perjudicial para su desarrollo.

En el País Vasco, el obispo de San Sebastián, José Ignacio Munilla, denunció hace un año que padres de centros públicos estaban recibiendo llamadas de la dirección del centro y de las asociaciones de padres instándoles a que no inscribieran a sus hijos en clase de religión.

Son solo dos ejemplos de amenazas frente al derecho de los padres a educar a sus hijos según sus convicciones. Y es que el laicismo, muy diferente de la laicidad, pretende expulsar el hecho religioso de la vida pública, empezando por la educación.

Si la religión es un valor para la familia, es necesario que padres y madres ejerzan sus derechos sin miedo ni complejos. Con la ley en la mano y con la fuerte convicción de que encontrará personas intolerantes en su batalla pero que serán más los que les respalden. En esta batalla sobre la religión en la escuela me sorprende que tengan que salir a la palestra los obispos o los representantes de las confesiones religiosas a reclamarla. Me pregunto, ¿dónde están los padres y sus hijos? ¿Por qué no salen a defender su derecho? Creo que avanzaríamos mucho si fueran familias las que se plantaran en los medios de comunicación y en las puertas de los centros educativos para reclamar que quieren religión para sus hijos en la escuela pública.

Teresa García-Noblejas