Los grupos parlamentarios PSIB y Més registraron ayer en el Parlamento Balear una proposición de Ley para garantizar los derechos lesbianas, gays, transexuales bisexuales e intersexuales (LGTBI) y erradicar la homofobia. El texto de la proposición es prácticamente idéntico al aprobado recientemente en Cataluña y entre otros aspectos preocupantes incluye los siguientes:

  • En educación, se obliga a incorporar una “valoración positiva” de la conducta homosexual en los curriculums escolares, recursos formativos e itinerarios de formación de todo el alumnado, además de en los materiales escolares, en el plan de acción tutorial y reglamentos de convivencia de los centros, etcétera.  Incluso se tiene que promover la diversidad afectiva y sexual en el sistema educativo no obligatorio que comprende, entre otros, las actividades deportivas escolares y de ocio. Igualmente, se dispondrá de ayudas y subvenciones para impulsar, promocionar y favorecer espectáculos infantiles y juveniles que incorporen registros positivos sobre la diversidad afectivo-sexual y la identidad de género.
  • Además, este texto incluye medidas sancionadoras para nuevas infracciones relacionadas con la discriminación e igualdad de trato hacia los colectivos homosexuales. Como en el caso de Cataluña estas infracciones presentan un capítulo de sanciones que contempla multas, inhabilitaciones y cierres de empresas.
  • Desde el punto de vista jurídico, se invierte la carga de la prueba ya que una persona podrá ser acusada de homofobia y el acusador no tendrá que presentar pruebas, sino que será el acusado quien deberá demostrar que no es culpable.

 En definitiva, como afirma Alicia Rubio, portavoz de Libres para Educar, una iniciativa de Profesionales por la Ética, «estamos ante un nuevo totalitarismo que, con el pretexto de salvaguardar derechos convierte a determinados colectivos en una casta privilegiada en razón de su orientación sexual y se les otorga carta blanca adoctrinar a los menores en ideologías y teorías socialmente controvertidas».

A juicio de Profesionales por la Ética, la promoción del comportamiento homosexual en la escuela no tienen nada que ver con el respeto a todas las personas, independientemente de sus características. Por el contrario, se obliga a introducir una ideología y una práctica que es incompatible con la neutralidad exigible a los centros docentes de carácter público, como recoge la jurisprudencia del Tribunal Constitucional.

Además, concluye Rubio, «la ley balear vulneraría el derecho de los padres a elegir la formación moral que quieren para sus hijos. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha señalado que la inserción en la educación reglada de contenidos que afecten al ámbito de la sexualidad, para respetar el derecho de los padres, no puede estar dirigida a “preconizar un comportamiento sexual determinado” ni a “exaltar el sexo ni a incitar a los alumnos a dedicarse precozmente a prácticas peligrosas para su equilibrio, su salud o su futuro, o reprensibles para muchos padres”. Esta norma, caso de aprobarse, afectaría también a la libertad de cátedra de los docentes y al derecho de los centros educativos de iniciativa social a dotarse de un ideario, en la medida en que dichos centros quedan obligados a asumir unos contenidos que pueden ser incompatibles con el mismo».

(En la imagen, momento del registro en el Parlamento balear por parte de representantes del Grupo Parlamentario Socialista y el Grupo MÉS de la Proposición de Ley. Foto: Mallorca Confidencial)