Esta semana hemos tenido ocasión de celebrar que la OSCE ha frenado en seco la agenda del lobby homosexual plasmada en los Principios de Yogyakarta (o Yakarta). La trascendecia de la votación se explica porque la idea fundamental de estos Principios, que se publicaron formalmente en 2007 en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, es la reinterpretación de los derechos fundamentales ya existentes para incluir los llamados “derechos homosexuales”.

Estos derecho homosexuales, si son reconocidos oficialmente por ley, suponen una vulneración de los derechos humanos fundamentales de libertad de pensamiento y libertad religiosa porque impiden y criminalizan cualquier opinión contraria a la homosexualidad y obligan a aceptar los criterios de comportamiento de una minoría anteponiéndolos a todos los demás. Así, por ejemplo, la negativa de un alcalde a celebrar una boda entre personas del mismo sexo, o las declaraciones de la Iglesia católica condenando el comportamiento homosexual, o la elección de los padres de una formación moral para sus hijos contraria a la homosexualidad, podrían ser condenadas penalmente.

Los Principios de Yakarta están vigentes, sin ser vinculantes, y pueden ser utilizados como excusa en cualquier propuesta legislativa, como es el caso de la ley de no-discriminación que se debate en Europa. La votación en la OSCE ha frenado el paso a la obligatoriedad en la aplicación y eso es indudablemente una gran victoria para la libertad de todos. Pero el lobby gay avanza y no desaprovechará cualquier ocasión para imponer los privilegios de una minoría en contra de la libertad de todos.

Leonor Tamayo