Numerosos centros escolares acosan a los objetores mientras los jueces les dan la razón
  
Madrid, 24 de septiembre de 2008. A finales de la semana pasada se ha conocido la decimoquinta sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que respalda a padres que han objetado a  alguna de las asignaturas del área de Educación para la Ciudadanía (Educación para la Ciudadanía y Educación Ético-Cívica). Como en otras ocasiones, el Tribunal considera que estas materias obligatorias pretenden formar a los ciudadanos en “valores comunes de indudable trascendencia ideológica y religiosa” y los padres, conforme a la ley, tienen todo el derecho a ejercer la objeción; en consecuencia, el TSJA declara que el alumno está legalmente “facultado para no cursar la asignatura y quedando exento de ser evaluado de la misma”. En la actualidad, son más de un centenar los alumnos eximidos judicialmente de Educación para la Ciudadanía o Educación Ético-Cívica en Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha y La Rioja.
 
Sin embargo, el respaldo judicial a los objetores contrasta con la realidad que viven muchos de ellos en los centros escolares. Según explica Fabián Fernández de Alarcón, secretario general de PROFESIONALES POR LA ÉTICA, prácticamente todos los días reciben casos de presión, amenaza o acoso a objetores a alguna de las materias del área Educación para la Ciudadanía. Estos son algunos ejemplos:

  • Se engaña a los padres asegurándoles que en 4º de ESO se imparte Ética y no Educación para la Ciudadanía. “De ese manera”, explica Fernández de Alarcón,”disuaden a los padres y les obligan a retirar la objeción o a no presentarla”. Este caso se produce en un 99 % de los centros concertados. En un colegio de religiosas de la enseñanza, la directora aseguró a los padres que la Inspección educativa le había asegurado que en 4º de ESO no había Educación para la Ciudadanía.
     
    Como explica Fernández de Alarcón, afirmar que existe la asignatura de Ética en 4º de ESO es una falsedad porque el decreto de contenidos mínimos para el Área de Educación para la Ciudadanía (BOE 5 de enero de 2007) establece que la asignatura, en 4º de ESO, se denomina Educación Ético-Cívica e incluye contenidos como «los dilemas ético-cívicos, considerando las posiciones y alternativas existentes», o comprobar «si el alumno comprende el pluralismo moral y si utiliza adecuadamente la argumentación sobre dilemas y conflictos morales». De hecho, las sentencias y Autos judiciales han declarado exentos a alumnos tanto de Educación para la Ciudadanía (2º o 3º de ESO) como de Educación Ético-Cívica.
  • En numerosos centros escolares, los objetores son presionados para que entren en clase amenazándoles con el suspenso. El profesor ha llegado a instar a un alumno, delante de toda la clase, a que entre en el aula ridiculizándole porque sus padres han objetado a Ciudadanía o Educación Ético-Cívica.
  • Otro caso muy frecuente es asegurar que no hay objetores en el centro y que sus hijos van a quedar señalados. En un centro concertado de Castilla-La Mancha la dirección aseguraba no tener objeciones; a principio de curso los padres han descubierto que 70 padres habían presentado el correspondiente escrito de objeción.
  • En numerosas ocasiones, se invita a los padres a abandonar el colegio indicándoles que están cometiendo una ilegalidad. O bien se les llama repetidamente al teléfono móvil para pedirles que vayan a recoger a su hijo ya que no entra en clase de Ciudadanía.
  • En centros públicos se ha llegado a amenazar a los padres con denunciar a sus hijos por absentismo o incluso a los propios padres por abandono. Y por supuesto, repitiendo constantemente que los objetores no obtendrán la titulación en ESO. Incluso una madre objetora amparada por un Auto judicial recibió hasta tres llamadas en un día; en una de ellas, el religioso que dirigía el centro le llegó a exigir un documento notarial en el que se hiciera responsable de lo que le podía pasar a su hijo si no entraba en clase.

Sin embargo, los padres objetan a Ciudadanía no por capricho, sino por razones de conciencia. Algo incomprensible, al parecer, para muchos profesores y directores de centros escolares.

“Afortunadamente”, explica Fernández de Alarcón, “existe una amplia red de abogados que inmediatamente defiende a los padres objetores en estas situaciones. No descartamos”, asegura,” pasar de la defensa de la objeción a la demanda contra los profesores o directivos de centros educativos que obstaculicen el derecho de los padres a objetar”.
 
Hay que recordar que el funcionario público que amenaza o presiona a los objetores o a sus hijos viola la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Reguladora del Procedimiento Administrativo Común y conculca los derechos constitucionales de los padres, amparados por la Carta Magna y las Sentencias 53/1985 y 15/1982 del Tribunal Constitucional además de otras sentencias del Tribunal Supremo y del propio Tribunal Superior de Justicia de Andalucía”. En este sentido, fuentes de PROFESIONALES POR LA ÉTICA recuerdan que la Junta de Andalucía fue condenada a pagar las costas de un procedimiento judicial sobre objeción a EpC por entender el Tribunal que la Administración andaluza estaba entorpeciendo el derecho de los padres a objetar.
 
Para informar y defender a los objetores andaluces existen diversas plataformas y asociaciones que prestan asesoramiento jurídico gratuito a las familias que se oponen a que sus hijos sean adoctrinados mediante las asignaturas del área de Educación para la Ciudadanía. A ellas se puede acceder a través de info@profesionalesetica.org y también en www.objetores.org; las asociaciones y plataformas recomiendan a los padres que tengan dudas o estén sufriendo algún tipo de acoso o presión en sus centros escolares que lo comuniquen de inmediato para poner en marcha su defensa jurídica.
 
Por otra parte, el respaldo judicial ha dado sus frutos. Así, un matrimonio sevillano ha informado a PROFESIONALES POR LA ÉTICA de su situación.”El año pasado”, explican, “en clase de nuestra hija mayor (3º ESO) solamente objetaron los padres de dos alumnas; este curso en clase de nuestra segunda hija han objetado los padres de 14 alumnos, casi la mitad de la clase”.
 
“En todo caso”, concluye Fernández de Alarcón, “los padres objetores solamente pedimos respeto a nuestra decisión y el libre ejercicio de un derecho amparado por la Constitución Española, el Tribunal Constitucional y los Tribunales Superiores de Justicia”.