Representantes VAEL

Además de las 305 demandas presentadas ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, 300 casos de objetores se acumulan, pendientes de resolución, en los tribunales españoles.

Madrid, 20 de abril de 2010. Cuando parecía que la polémica sobre las asignaturas de Educación para la Ciudadanía (EpC) se había aplacado, el Tribunal Supremo se ha despachado con una sentencia que obliga al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana a decidir sobre la demanda de unos padres objetores valencianos que habían sido desatendidos por el Tribunal valenciano. Y es que este último decidió no admitir a trámite la demanda de la familia objetora a la que la Generalitat no había contestado sobre su declaración de objeción.

En la fotografía, abogados y representantes de las plataformas de padres objetores valencianos integradas en Valencia Educa en Libertad (VAEL).

Descargar el texto completo de la sentencia del TS por la que se obliga al TSJ de Valencia a decidir sobre la objeción de conciencia a EpC.

Sin embargo, este procedimiento judicial no es el único que tienen abierto los objetores a EpC. Hay que recordar que en septiembre pasado padres de 240 alumnos de la Comunidad Valenciana presentaron recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia valenciano solicitando que sus hijos fueran eximidos de cursar estas asignaturas por motivos de conciencia. De momento, estos procedimientos judiciales no han sido resueltos.

En Madrid, por su parte, padres de 39 niños han presentado recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia tras conocer que el Gobierno de Esperanza Aguirre les denegaba su derecho a objetar a EpC. Estos recursos, a fecha de hoy, están pendientes de sentencia.

«En todo caso», como recuerda Jaime Urcelay, presidente de Profesionales por la Ética, «estos recursos judiciales manifiestan que las asignaturas de EpC siguen constituyendo un problema de conciencia para muchos padres. Y que todavía no está decidida la partida; en Castilla-León las 239 sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León eximen a 538 alumnos de cursar estas materias escolares».