El derecho de los padres a que sus hijos reciban la formación que esté de acuerdo con sus convicciones morales y religiosas está recogido en las leyes nacionales e internacionales. De nuevo la Declaración Universal de Derechos Humanos nos recuerda en su artículo 26 que Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos. Y la Carta de Derechos Fundamentales de la UE (artículo 14) afirma que:

Se respetan, de acuerdo con las leyes nacionales que regulen su ejercicio, la libertad de creación de centros docentes dentro del respeto de los principios democráticos, así como el derecho de los padres a garantizar la educación y la enseñanza de sus hijos conforme a sus convicciones religiosas, filosóficas y pedagógicas.

Y la Constitución Española recoge expresamente (artículo 27) que:

Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.

Esto implica que los alumnos no deben recibir formación que contravenga las convicciones morales y religiosas de las familias, siempre en el marco del respeto a la dignidad de las personas y a sus derechos fundamentales. Dicho de otra manera, ni las Administraciones educativas ni los educadores pueden imponer sus convicciones morales, ideológicas o religiosas a los alumnos. Otra cosa diferente es que las familias elijan religión o un centro educativo determinado para que formen a sus hijos en esas convicciones, pero es fruto de una elección libre de las familias y no imposición totalitaria.

¿Significa esto que hay multitud de temas que no se pueden abordar en la escuela porque son polémicos? No; significa que al tratar algunos temas conviene dar todas las visiones y no pretender imponer la del profesor como obligatoria y única. Por la misma razón, ni los gobiernos ni las administraciones educativas pueden imponer asignaturas o contenidos ideológicos obligatorios, como sucedió en el caso de la agonizante asignatura de Educación para la Ciudadanía, de carácter adoctrinador o moralizante. Que no tiene nada que ver con una educación cívica que enseñe a los alumnos el sistema político de su país y enseñe a ser ciudadanos responsables.

Especialmente cuidadosos hay que ser con las convicciones morales y religiosas. En relación con las primeras, hay un empeño de las Administraciones educativas y sanitarias por imponer un modelo de educación afectivo-sexual a todos los alumnos sin preguntar a los padres que opinan y si están de acuerdo. En este sentido, la todavía vigente Ley de salud sexual y reproductiva e interrupción voluntaria del embarazo incluye un capítulo de educación sexual que no se ha desarrollado de manera efectiva y esperemos que nunca se haga. Esta ley, todavía vigente, establece que se impondrá una educación sexual adecuada. Pero, ¿qué es una educación sexual adecuada? ¿La que dicta el gobierno de turno o la que desean los padres para sus hijos en función de sus convicciones morales y religiosas?

Independientemente de lo establecido por esa ley, en España lleva imponiéndose un modelo de educación afectivo-sexual que se introduce con diversos pretextos en las aulas. Por ejemplo, con el pretexto de educar para la igualdad (que es algo positivo, lógicamente) o la educación para la salud (también muy recomendable) se establecen como obligatorios paradigmas de comportamiento con los que no todos los padres están de acuerdo. Convendría, por tanto, al menos preguntarles y obtener su conformidad.

Teresa García-Noblejas