Cuando alguien ofrece algo estupendo y deseable, no parece necesario que obligue a los demás a llevárselo a su casa: se supone que semejante chollo o beneficio debería ser, no solo aceptado, sino elegido y exigido por todos. Lo inconcebible es que te lo tengan que echar sobre los hombros, contra tu voluntad, como una obligación.

La inmersión lingüística en las comunidades autónomas con dos lenguas cooficiales se presentó como el colmo del beneficio y las ventajas para una población que, mayoritariamente en muchos casos, no hablaba esa lengua. Pero era un tesoro que había que proteger, una  seña de identidad que había que fomentar y además daba cohesión social. Y a los ciudadanos no les pareció mal que se impartieran clases para aprenderla e incluso que se diera alguna asignatura en esa lengua. Sin embargo, la gente seguía hablando y enseñando a sus hijos en su lengua materna, más todavía si la proyección a nivel de relaciones que esa lengua permitía no solo era mayor que la local, sino inmensamente mayor.

Y los totalitarios se dieron cuenta de que la gente no se apercibía del enorme beneficio que era hablar, prioritariamente y a ser posible únicamente, la lengua local. Y viendo que no sabían hacer buen uso de su libertad de elegir lo adecuado, decidieron imponer la lengua local. Y es que la libertad de los demás, a veces, impide que se lleven a cabo los intereses propios. Y la mejor forma de evitarlo es que lo demás no tengan libertad para elegir mal.

Gracias a los benéficos gobiernos impositores, los ciudadanos no tenían opción a equivocarse: no podían. Solo había una elección posible: la buena .Y en caso de que alguno persistiera en el error, eran tales las trabas y los perjuicios que no tenía más remedio que elegir bien.

Y como la elección adecuada era mayoritaria, se pusieron los datos como ejemplo de que eso era lo que los ciudadanos querían. Y el bondadoso gobierno, se lo daba.

En Baleares, después de una política de imposición lingüística totalitaria e ilegal, al menos respecto a lo que legisla la Constitución Española, el año pasado abrieron la posibilidad de solicitar libremente en los centros la lengua de aprendizaje. En el uso de su derecho a equivocarse, un 13% pidieron enseñanza en castellano. Este año, con nuevas medidas para que el derecho a equivocarse de los ciudadanos no tenga consecuencias imprevistas relacionadas con las coacciones desde los centros, la demanda ha subido a un 30% en infantil y un 50% en primaria.

Parece que muchos ciudadanos no querían la inmersión lingüística por lo que no debía de ser tan atractiva. Y aunque lo fuera, la libertad de elegir y las leyes de rango superior  les dan derecho a ser dueños de sus errores y de sus decisiones.

El año que viene, y visto que la posibilidad de elegir lo que otros no quieren para ti no trae consecuencias negativas para tus hijos, es probable que se incremente el número de los ciudadanos baleares que pide enseñanza en castellano.

Sería bueno cuestionarse hasta donde se puede defender que lo bueno para los demás es lo que ellos no quieren. Los ciudadanos baleares no son menores, ni tontos, y saben mejor que nadie lo que quieren y les conviene. Y en el momento en que se les ha permitido, de forma real, elegir no han elegido lo que sus gobernantes querían para ellos y sus hijos. Solo mediante imposiciones se consiguió que los hipotéticos intereses y derechos de una lengua prevalecieran frente a los intereses y derechos de las personas a las que la lengua tiene que servir.

La libertad de los demás da miedo porque, muchas veces, lo que los demás quieren no es lo que el aprendiz de dictador de turno quiere imponer a todos. 

Alicia V.Rubio Calle