Me cuentan que ayer dio una conferencia en Madrid nuestro Consejero de Educación, el flamante Ernest Maragall. El evento era a lo grande, en un hotel de postín y presentado ni más ni menos que por la Ministra de Educación, Mercedes Cabrera.

Lo que nadie dijo ni nadie preguntó (ni Cabrera se inmutó) es la verdad sobre la el anteproyecto de Ley de Educación de Cataluña elaborado por el Departamento de Educación de la Generalitat. En primer lugar, este texto vulnera los artículos 10 y 27 de la Constitución, y diferentes normas internacionales sobre protección de los derechos humanos, puesto que no respeta el ideario o carácter propio de los centros educativos, no permite que los padres puedan educar a sus hijos de acuerdo con sus convicciones morales o religiosas, ni tampoco que puedan escoger libremente la escuela para ellos. El Anteproyecto también se opone al artículo 16 de la CE (que establece que España es un Estado no confesional, pero que ha de tener en cuenta las creencias de la sociedad española) ya que el texto afirma que la enseñanza ha de ser laica.

En segundo lugar, la futura Ley de Educación contradice al artículo 21 del nuevo Estatuto que habla de garantizar el derecho a la educación mediante un modelo educativo de interés público, y no un “servicio público”. El anteproyecto utiliza esta última expresión, que abarca no solo los colegios públicos, si no también a los concertados, y refleja su mentalidad intervencionista.

En tercer lugar, el Anteporyecto incumple varios artículos de la LOE, ya que impone la escolarización obligatoria a partir de los 3 años, pese a que en la LOE lo es a partir de los 6 años de edad. Igualmente, niega la posibilidad de concertar los centros que hayan optado por la educación diferenciada, ya que exige que sean mixtos. Ello se opone al artículo 116 de dicha Ley, que prevé que los centros privados que ofrezcan enseñanzas declaradas gratuitas y satisfagan necesidades de escolarización,  podrán acogerse al régimen de conciertos, sin ninguna distinción ni discriminación.En su  Disposición Adicional Vigésimoquinta, la LOE establece simplemente que «los centros que desarrollen el principio de coeducación en todas las etapas educativas, serán objeto de atención preferente y prioritaria”, de manera que el hecho de que un centro educativo no sea mixto no es en ningún caso motivo para denegar la concesión del concierto correspondiente.

Si no se modifica su actual redacción, se podrá ganar cualquier recurso que se presente ante los Tribunales, que ya han reconocido en numerosas sentencias el derecho de los padres a educar a sus hijos de acuerdo con sus convicciones, así como la posibildad de escoger el modelo educativo de escuela diferenciada, con el correspondiente derecho de estos centros educativos a recibir financiación pública mediante el concierto  correspondiente.

¿Conocerá la Ministra de Educación la vulneración de las leyes que implica la legislación promovida por Maragall? ¿No tiene nada que decir? ¿O el cumplimiento de la ley es solo para imponer Educación para la Ciudadanía?

Ignacio Pascual

NOTA DE EDICIÓN: Donde se indica «anteproyecto» debe decirse «proyecto», pues este es el trámite actual de la norma que citamos.