A raíz del caso de presunto maltrato a su esposa por parte del ex-ministro López Aguilar, han salido a la luz de nuevo algunas de las declaraciones que hizo durante su mandato.

Este señor fue el padre de una de las leyes más vergonzosas que se han promulgado en este bendito país, la Ley Integral de Violencia de Género (LIVG), ley que expresa un objetivo que no cumple, proteger a las mujeres del maltrato de sus parejas, que excluye al resto de la población, hombres, niños, ancianos… como si su dolor fuera menor, o no existiera maltrato doméstico contra ellos, que tiene un fundamento ideológico carente de todo cientifismo, las mujeres merecen una especial protección porque son maltratadas por el patriarcado y siempre por razones machistas creando la curiosa figura del “delito de autor”, y que oculta su objetivo no expreso: el muchísimo dinero público que se invierte en esta maquinaria, completamente inoperante de forma deliberada.

Deliberadamente inoperante insisto, porque el grueso de su materia prima son las denuncias falsas, las que se hacen sin haber mediado maltrato con la única finalidad de obtener condiciones favorables en el divorcio: el domicilio familiar, la custodia, una renta de manutención por parte del exmarido y una renta de inserción de maltratadas.

Y ahora que este buen señor, López Aguilar, afirma ser víctima de una denuncia falsa, se ha recordado que para él las denuncias falsas eran un coste asumible.

Veamos qué implica exactamente el coste asumible al que se refiere este señor, cuando un hombre se enfrenta a una denuncia falsa.

El coste asumible es que la mitad de la población española carezca, siendo inocente, de presunción de inocencia pues, al igual que le ha pasado a él, la denuncia sólo con la palabra de la mujer y sin pruebas, supone una condena social inmediata. Social, y puede que penal.

El coste asumible es, y esto no lo ha vivido el Sr. López Aguilar, que con la denuncia puesta en comisaría y sin pruebas, el verdadero costalero del coste pase la noche, o el fin de semana, en el calabozo, tras ser esposado delante de sus hijos y sacado de su casa sin objetos personales.

El coste asumible es que se vulnere el derecho al habeas corpus durante el fin de semana: que no se reciba información de la causa de la detención y ni una mínima asesoría legal.

El coste asumible es que se pierda casa, hijos, en muchos casos el trabajo y desde luego la buena imagen y el respeto social.

El coste asumible para el inocente es tan inasumible que, ante el incremento de suicidios por parte de varones en proceso de divorcio a raíz de esta ley de costes asumibles, se dejó de reflejar en las estadísticas la situación familiar del suicidado.

El coste asumible hace que los casos de las verdaderas maltratadas se pierdan en un océano de denuncias de falsos malos tratos, de forma que no se solucionen ni a tiempo, ni bien.

El coste asumible de dolor, injusticia y miseria de esta ley, ni siquiera ha conseguido mejorar un ápice las cifras de mujeres asesinadas por sus compañeros, que es de una media anual de 60 mujeres. Ni pienso que lo pretendiera, pues es la cifra que los «vividores del género» usan para arrojar a la cara de los políticos a fin de que se sigan incrementando los fondos públicos.

El coste asumible es que, frente a la hipersensibilización ante las mujeres muertas, van cayendo hombres, ancianos y niños en tasas de violencia familiar, en muchos casos superiores a las de mujeres, pero por los que nadie se indigna, ni se invierte un duro en salvar sus menos valiosas vidas.

Porque al final, cabe preguntarse qué clase de valores éticos tienen estos exministros maquiavélicos en el más estricto sentido, porque lo son quienes justifican los medios para obtener un fin. Los medios que sean, la LIVG en este caso, aunque traigan unos costes tan inasumibles como los expuestos. Porque, en mil ocasiones de la historia, se ha evidenciado que los fines se degradan y corrompen cuando se justifican según qué medios para obtener los resultados.

Cuando los costes asumibles de esos medios vulneran derechos fundamentales, generan mayores injusticias y causan mucho más dolor que el que tratan de resolver, son tan injustificables que degradan el fin hasta pudrirlo. Y cuando, encima, no se consigue el fin presuntamente perseguido, y ni tan siquiera alguna mejora, el coste asumible se evidencia tan cruel, caro en dolor y desproporcionado como irracional e innecesario.

Porque, pese a que se reconoce la existencia de ese coste asumible, de esas denuncias falsas que se llevan por delante ilusiones, derechos y vidas, no se hace nada para dejar de asumir precio tan gravoso. Sería fácil perseguir las denuncias falsas, pero como gasolina de todo esta maquinaria, no interesa. Y ahí entra la definición más vulgar de maquiavélico como alguien que actúa con maldad y retorcimiento, falta de escrúpulo y perfidia.

Por ello, parece justicia poética el que algunos de sus promotores maquiavélicos asuman una pequeña parte de los costes. Y comprendan, por la vía de la experiencia, que eso no son costes asumibles y que no hay fin noble que justifique esos medios, porque se corrompe. Porque muy probablemente nació ya corrompido.

Por ello, un gran número de mujeres nos oponemos a que, con la disculpa de defendernos, miles de personas asuman ese tipo de costes. Porque estamos completamente seguras de que la sociedad justa que queremos no pasa por componendas maquiavélicas, ni en sentido estricto, ni en su repugnante acepción más amplia y popular.

Alicia V. Rubio Calle