La Proposición de Ley 8/2016 de Derechos y Garantías de las personas en el proceso final de la vida presentada por el Grupo Socialista en la Asamblea de Madrid, actualmente en trámite, hace prevalecer la autonomía (sin límites del paciente) o su representante al final de la vida. Así por ejemplo impone sanciones a profesionales, permite aplicar sedaciones inadecuadas y retiradas de cuidados básicos (hidratación), algo que vulnera la buena práctica médica y pone en riesgo a toda la población, especialmente a la más vulnerable.

VIDAdigna, una iniciativa de Profesionales por la Ética, ha analizado el texto de la Proposición de Ley y ha llegado a las siguientes conclusiones:

  • Tiene como fin principal, según su Exposición de motivos, promover el valor de la autonomía traducida en un creciente empoderamiento del paciente. Si las preferencias del paciente y la lex artis no están armonizadas, la ley propiciaría abusos dando lugar a situaciones de eutanasias encubiertas, no adecuadas en una buena práctica clínica.
  • Se excluye al profesional de cualquier posible responsabilidad derivada de asumir las decisiones del paciente (o su representante) en el proceso final de su vida. Esta posibilidad implica que, al final de la vida, cualquier práctica podría admitirse, incluida la eutanasia encubierta.
  • En el texto de la Proposición de Ley no hay ninguna referencia a la cuestión de la alimentación ni a la retirada de soportes vitales. No queda debidamente protegido el cuidado básico de la hidratación y nutrición ya que ni siquiera se mencionan.Retirar al paciente un medio desproporcionado es permitir la muerte y es ético. Pero retirar la hidratación, cuando está adecuadamente indicada (es proporcionada) es provocar la muerte. Estaríamos por tanto ante una eutanasia encubierta.
  • La Proposición de Ley incluye el “derecho” a la sedación de los pacientes en situación terminal. Para VIDAdigna,  no existe el “derecho a la sedación”, sino el derecho al tratamiento del dolor. La sedación no es un derecho, como no existe el “derecho a ser escayolado” o “el derecho a ser intervenido”, si no hay indicación para ello. Dejar abierto “un derecho a la sedación”, sujeto a sanciones a los profesionales sanitarios (se tipifica como una infracción muy grave si hay impedimento a esta técnica), supone la incitación a practicar sedaciones no adecuadas:

Para Carlos Álvarez, portavoz de VIDAdigna, la Proposición de Ley incluye derechos ya reconocidos en otras normas, con ambigüedad en su redacción, favoreciendo actuaciones de eutanasia encubierta por los siguientes motivos:

  • No concilia adecuadamente la defensa y garantía de la autonomía -mediante las preferencias del paciente- con la lex artis o buena práctica médica exigible a todo médico.
  • Presiona a los médicos para abandonar la lex artis mediante sanción por infracción “muy grave”, sencillamente por “obstaculizar los deseos del paciente”.
  • Otorga poder a los profesionales para actuar amparados en la “seguridad jurídica” del procedimiento legal, al poder incapacitar de hecho a la población más vulnerable, poniéndolos en situación de riesgo.
  • Permitiría que a los pacientes se les retirara de forma inadecuada medidas de soporte vital (hidratación o nutrición, que son cuidados básicos) o se les aplicara sedaciones no adecuadas amparadas en ese supuesto “derecho”.

En opinión de Álvarez, “las leyes deben fortalecer la relación médico paciente y proteger a los más vulnerables. Esta proposición de Ley hace exactamente lo contrario.

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