Encuentro CyL F

Juan José Mateos pierde los nervios y recrimina a los padres judicializar Educación para la Ciudadanía. Él mismo había pedido, meses atrás, que fuera el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León el que dirimiera el conflicto provocado por la imposición de las asignaturas adoctrinadoras. Son ya casi 500 los alumnos exentos, por sentencia judicial, de cursar estas materias en la Comunidad castellano-leonesa.

VALLADOLID, 5 de enero de 2010.- Las Plataformas de padres objetores a Educación para la Ciudadanía (EpC) de Castilla y León denuncian un nuevo capítulo en la larga lista de agravios y calumnias que vienen recibiendo por parte de la Consejería de Educación de nuestra Comunidad Autónoma.

En una entrevista concedida recientemente a la agencia de noticias Europa Press, el consejero de Educación, Juan José Mateos, ha afirmado que “los problemas derivados de la inclusión de la asignatura de Educación para la Ciudadanía deberían de haber terminado ya” y atribuyó la demora en su resolución “a quienes decidieron judicializar el tema”.

Según Susana Álvarez, portavoz de la Plataforma Padres por la Libertad de Valladolid, “estas declaraciones del Consejero son absolutamente falsas, puesto que en la reunión mantenida con él a finales del curso 2007-2008, justo antes de que se implantase esta asignatura en nuestra Comunidad Autónoma, fue el propio Consejero quien afirmó expresamente que la cuestión de la objeción de conciencia a Educación para la Ciudadanía debía resolverla el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León”.

Para Aurelio García Primo, portavoz de la Plataforma León Educa en Libertad, “lo que sucede es que Juan José Mateos está en una situación muy delicada porque el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha dictado ya más de 220 sentencias que amparan a casi 500 menores”.

Y es que, como recuerda García Primo, en las sentencias no solo se reconoce el derecho a objetar en conciencia a EpC, sino que, además, se refieren explícitamente a la actuación de la Consejería en términos no demasiado favorables, ya que el TSJCyL afirma literalmente que “cualquier incidencia que surja en relación con la educación de un alumno ha de ser resuelta por las autoridades educativas autonómicas” y añade que “las autoridades educativas autonómicas podrían haber entendido existentes los derechos reclamados, y en consecuencia hacer efectivo su respeto”.

Finalmente, Susana Álvarez indicó que “estas declaraciones ponen en evidencia nuevamente las contradicciones y falsedades con las que se ha caracterizado la postura de la Consejería de Educación desde que se inició el conflicto en torno a estas polémicas asignaturas. Los padres hemos tenido que defender legítimamente nuestros derechos ante el Tribunal Superior de Justicia porque el Consejero no nos dejó otra opción”.