Madrid, 11 de septiembre de 2008. Esta misma semana los centros educativos de la Comunidad de Madrid están recibiendo una circular de la Consejería de Educación en la que se aborda el conflicto de conciencia que las diferentes asignaturas que conforman EpC ha provocado en numerosos padres. En resumen, la circular de la Consejería:

. Reconoce haber recibido escritos en los que los padres comunican a la Consejería que, “por razones de conciencia” y en ejercicio del “derecho fundamental a la libertad ideológica reconocida en el artículo 16 de la Constitución española” han decidido que sus hijos no asistan a las clases de Educación para la ciudadanía y los derechos humanos o Educación ético-cívica (ambas materias forman parte del área curricular de Educación para la Ciudadanía, para 2º y 4º de ESO respectivamente).

· Recuerda que la postura de los padres ha sido ya respaldada por Tribunales Superiores de Justicia en otras Comunidades autónomas, que han exigido a las correspondientes Administraciones educativas que declaren exentos a los alumnos objetores de la obligación de cursar esta asignatura.

· Establece que los alumnos objetores deberán ser atendidos durante la clase de Educación para la Ciudadanía o Educación Ético-Cívica dando por hecho que no asistirán a clase. En ese aspecto, la Consejería indica que los objetores deberán realizar un trabajo individual sobre la Constitución española y los valores que la informan, la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político y prestar alguna actividad de voluntariado. Esta situación se mantendrá hasta que el Tribunal Supremo dicte sentencia unificando la doctrina en torno a la objeción a Educación para la Ciudadanía.

Para Jaime Urcelay, presidente de PROFESIONALES POR LA ÉTICA, es positivo que se reconozca la existencia de objeciones de conciencia (al menos se han presentado 11 531 en la Comunidad de Madrid) y que se establezcan actividades alternativas que garanticen la adecuada atención educativa. «Sin embargo», asegura, «el Gobierno madrileño debería declarar exentos de estas asignaturas a los objetores ya que ese fue el compromiso que adquirieron en Marzo y que han reiterado en diversas ocasiones tanto desde la Consejería de Educación como desde la propia Presidencia. Más de 30 sentencias de Tribunales Superiores de Justicia y gobiernos como el de La Rioja (gobernado por el Partido Popular) ya han declarado exentos a los alumnos objetores. Además, recordamos a la Comunidad de Madrid que lo que la resolución del Tribunal Supremo no será definitiva; estamos dispuestos a llegar a Estrasburgo en defensa de nuestros derechos fundamentales”.

En todo caso, Urcelay insta a los padres a objetar masivamente en este principio de curso ya que el área de Educación para la Ciudadanía se implanta en toda España.

Las polémicas asignaturas han provocado ya 44 513 objeciones y unos 500 recursos judiciales. A pesar de ello, la ministra de Educación, Política Social y Deporte aseguraba hace unas semanas que “no había ningún problema con Educación para la Ciudadanía y se implantaba normalmente”.