La norma vulnera derechos fundamentales con el pretexto de no discriminar

por orientación sexual

 

Madrid, 9 de diciembre de 2014. Más de 100 entidades representativas de la sociedad civil europea, entre las que se encuentra Profesionales por la Ética, han dirigido una carta abierta al Presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, pidiéndole la retirada de la propuesta de nueva Directiva de Igualdad de Trato.

Los firmantes entienden que dicha propuesta, cuyo propósito inicial era tan sólo remediar situaciones discriminatorias para personas discapacitadas, ha sido modificada por lobbys que persiguen finalidades muy distintas y que harían de la Directiva -caso de aprobarse-  un instrumento restrictivo de libertades públicas fundamentales e invasivo de la conducta privada de los ciudadanos europeos.

Asimismo, la carta recuerda que un texto de directiva similar al que ahora se quiere aprobar ha sido sistemáticamente rechazado en los últimos seis años en las instancias europeas. «El problema», indica Leonor Tamayo, presidenta de Profesionales por la Ética, «es que desde 2008 hemos pasado de una Directiva que pretendía remediar situaciones de discriminación que afectan a personas con discapacidad a una propuesta en la que se incluye la discriminación por motivo de religión o creencias, edad y orientación sexual. El resultado es que la propuesta final de la Comisión regula la conducta privada de los ciudadanos hasta extremos inimaginables utilizando palabras imprecisas como «acoso», o «trato menos favorable».

Tamayo recuerda que el texto de la Directiva ha sido analizado de manera pormenorizada por la prestigiosa entidad European Dignity Watch, que, entre otros ejemplos, ha explicado que no se establecen criterios objetivos para definir qué comportamiento está calificado de discriminatorio y cuál no. «Así», indica Tamayo, «con el texto en la mano, la mayor parte de asociaciones y entidades privadas podrían ser acusadas de discriminación indirecta por establecer determinados requisitos que un colectivo considera discriminatorios. Por ejemplo, una escuela religiosa que decidiera contratar a una persona de su misma confesión religiosa en lugar de a un ateo o una agencia de adopción que atendiera únicamente a personas heterosexuales».

«La libertad de expresión y la libertad de conciencia, básicas en nuestro ordenamiento jurídico, están seriamente amenazadas con esta propuesta de DIrectiva», concluye Tamayo.

Entre las entidades españolas firmantes de la carta a Junker sobresalen, además de Profesionales por la Ética, Alianza Solidaria, Citizen Go, Asociación Dignidad, MasLibres y Misión Urbana.

El texto de la carta a Junker y la relación de las entidades firmantes puede encontrarse pinchando en este enlace.