La reforma educativa del PP: fin de EpC pero no se resuelve la situación académica de los objetores

Mejoran los derechos de los padres; cautela ante la formación moral estatal

 

Madrid, 17 de mayo de 2013.  Parece que se acerca el final de una etapa. Si todo prosigue su curso, y de acuerdo con el proyecto de Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) que el Consejo de Ministros acaba de remitir a las Cortes, el dañino experimento de Educación para la Ciudadanía en España toca a su fin. La agresión ideológica conocida como EpC que iniciaron la Fundación CIVES y los grupos de izquierda radical laicista de la mano del gobierno de Rodríguez Zapatero, desaparece del sistema educativo español, al menos tal y como fue concebida. Aún así, los alumnos tendrán que sufrir esta asignatura hasta septiembre de 2014, en el mejor de los escenarios.

La LOMCE incluye otros elementos favorables a la libertad de elección de los padres reconocida en la Constitución Española: la libertad lingüística queda garantizada, al igual que la formación religiosa (si la eligen los padres) y la posibilidad de llevar a los hijos a colegios de educación diferenciada sin ser penalizados económicamente. «No obstante», a juicio de Jaime Urcelay, presidente de Profesionales por la Ética, «habrá que estar atentos a la asignatura de Valores éticos, alternativa a la religión, que en ningún caso puede imponer una moral estatal; ciertamente, no es obligatoria pero eso no justifica el adoctrinamiento. Sería deseable que se limitara a exponer teorías éticas sin imponerlas a los menores».

Otro tema preocupante, para Profesionales por la Ética, es el silencio gubernamental ante la situación de miles de objetores a Educación para la Ciudadanía. «Esta asignatura», asegura Jaime Urcelay, «se suprime debido a la fuerte polémica social que ha provocado, como acaba de reconocer el Consejo de Estado. Y los protagonistas de esa polémica han sido los objetores a Educación para la Ciudadanía, muchos de los cuales han sido obligados a repetir curso o suspendidos por el hecho de defender la libertad de todos. Si el Gobierno no establece un mecanismo legal para normalizar académicamente a los objetores cometerá una gravísima injusticia».