Se tramita la nueva reforma educativa (LOMCE), un ambicioso proyecto destinado a proporcionar una mayor calidad al sistema educativo y también algo más de libertad al acabar, por ejemplo, con el polémico conjunto de asignaturas de Educación para la Ciudadanía (EpC), lo que constituye un hito a favor de los derechos de los padres a elegir la educación que desean para sus hijos.

No obstante, el último borrador de anteproyecto de la LOMCE tiene todavía algunas lagunas que conviene resaltar. Entre ellas, la que han señalado los representantes de seis entidades por la libertad lingüística en las Comunidades Autónomas bilingües (Asociación por la Tolerancia, Círculo Cívico Valenciano, Fundación Nacional Círculo Balear, Galicia Bilingüe, Impulso Ciudadano y Plataforma por la Libertad de Elección) y es que el anteproyecto de LOMCE no se ajusta a la doctrina constitucional puesto que la única elección que permite la futura ley  es entre la enseñanza en la lengua autonómica exclusivamente o una enseñanza bilingüe con la proporción entre lenguas que determine cada comunidad autónoma. Este aspecto contradice claramente la jurisprudencia del Tribunal Constitucional (TC) que ha dictaminado la necesidad de que , si se ofrece un sistema de enseñanza exclusivamente en una de las lenguas cooficiales, se ofrezca de forma paralela la posibilidad de elegir la enseñanza exclusivamente en la otra lengua de forma que ambas sean ofertadas y puedan ser elegidas en igualdad de condiciones.

Profesionales por la Ética apoya la reivindicación de las entidades que defienden la libertad de los padres para elegir la lengua en la que quieren educar a sus hijos y las enmiendas que han presentado al anteproyecto de la LOMCE a fin de que la reforma educativa se adecúe a la jurisprudencia del TC y evite la vulneración de derechos fundamentales. «A este respecto», ha señalado Alicia Rubio, portavoz de Profesionales por la Ética, «hay que recordar, como lo han hecho las asociaciones que luchan por la libertad lingüística, que es frecuente que la imposición de determinadas lenguas facilite el adoctrinamiento en nacionalismos excluyentes  y contrarios a los principios constitucionales con el pretexto de la normalización. No puede tolerarse que haya miles de profesores, como acaba de pasar en Galicia, que se nieguen a impartir enseñanzas en castellano con independencia de lo que dictaminen las leyes, lo que revela la firme voluntad de incumplir la ley y el alto grado de relación existente entre el idioma y la ideología».

Alicia Rubio afirma igualmente que «el Gobierno tiene una oportunidad histórica; si no corrige esta deficiencia en el anteproyecto de la LOMCE  se estará manifestando el desprecio por los derechos de los padres a elegir sobre la educación de sus hijos pero también se estarán conculcando el derecho de los menores a ser educados en la lengua materna como lengua vehicular (derecho ratificado por diversos organismos internacionales), además de la sentencia dictada por TC. El derecho y la razón asisten con tanta fuerza a los padres representados por estos colectivos, que el rechazo de las enmiendas presentadas daría lugar a una situación ilegal y profundamente injusta».

«Desde Profesionales por la Ética», concluye Alicia Rubio, «abogamos por la incorporación a la LOMCE de las enmiendas presentadas por los colectivos que defienden la libertad lingüística para que, de esa forma, la legislación contemple todos los derechos fundamentales y constitucionales  y se ajuste a la sentencia de TC garantizando los tres modelos que respetan posibilidad de elegir libremente».

 (En la imagen, representantes de asociaciones por la libertad lingüistica ante la puerta del Ministerio de Educación el pasado 13 de marzo de 2013)